Según ha detallado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias “la ley pone en valor la importancia del papel de lo público” a lo que ha añadido que “establece la eliminación de los copagos sanitarios que existían hasta ahora beneficiando a seis millones de personas”.
De esta forma, se fija un modelo de gestión “preferente” basado en la forma “directa”, es decir, la realizada directamente por las administraciones públicas. Aunque, si existirán “excepciones” que permitirán que la gestión de los centros sanitarios sea “indirecta”, es decir, a través de modelos privados, pero solo como “complementaria y de apoyo”. “Nunca sustituiría a la pública”, ha asegurado Darias.
En esta línea, queda claro, que, en cualquier caso, solo se podrá externalizar la gestión sanitaria “cuando no se a posible la gestión directa” y cuando se motiven una serie de requisitos por parte de las comunidades autónomas, como “la optimización de recursos sanitarios” o la “insuficiencia de medios propios para prestar los servicios”.
La aprobación de esta norma fue anunciada el pasado sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin en Cártama (Málaga) donde aseguró que la ley servirá para blindar la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública y evitar que “no se privatice por ningún gobierno de derechas en ninguna comunidad autónoma”.
Novedades de la ley
Este Anteproyecto, incluye según se ha afirmado en rueda de prensa, “establecer la eliminación de los copagos sanitarios” especialmente en transporte sanitario no urgente. Y también amplía la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables, al igual que se hizo con los copagos farmacéuticos. Estos colectivos son personas perceptoras del ingreso mínimo vital (IMV), pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas con hijo a cargo.
Asimismo, el Gobierno busca con esta nueva ley denominada de equidad recuperar la Cartera Común de Servicios “única”, evitando las discrepancias de prestaciones entre comunidades autónomas que provocan desigualdad entre los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia.
En cuanto a la universalidad, el Gobierno pretende garantizar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria de todos los ciudadanos, independientemente de su origen, pero, sobre todo, amplía el derecho a colectivos, como personas de origen española que viven en el exterior.
También persigue el derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos al colectivo formado por los ascendientes de nacionalidad extracomunitaria reagrupados por sus hijos con nacionalidad española y que, hasta ahora, se ven obligados a contratar un seguro de enfermedad, público o privado, para obtener el permiso de residencia en España.
Y otros aspectos relevantes que se encuentran recogidos en el documento son: la necesidad de que todas las iniciativas legislativas del Gobierno conlleven una evaluación sobre su impacto en la salud; un “avance” en la gobernanza del Sistema Nacional de la Salud (SNS), estableciendo la evaluación de las políticas públicas; la participación de los pacientes en órganos del Consejo Interterritorial y el tratamiento de los datos sanitarios en la planificación o gestión.
Críticas recibidas
Ahora bien, la nueva norma ha recibido numerosas críticas desde que el sábado fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto de los sectores defensores de la sanidad pública como de la privada quienes abogan por la colaboración.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha lamentado que el anteproyecto “no blinde la provisión pública” y consolide el modelo de mutualidades de funcionarios. Así, la organización ha criticado que siga abriéndose paso modelos privados que se dice serán “excepcionales”, pero sin fijar criterios concretos para esa excepcionalidad, así como tampoco sistemas efectivos de control de la misma.
Por su parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) han manifestado su “inquietud” ante la Ley, que, a su juicio, “convertiría a España en el único país europeo que proscribe a la sanidad privada de su SNS2. “Una Ley de Equidad que proscribe a la sanidad privada del Sistema Nacional de Salud es una norma que no tiene en cuenta que hubiera sido imposible afrontar esta pandemia de la COVID-19 sin tener a los recursos privados a disposición”. ha recordado el presidente de ASPE, Carlos Rus.
Críticas a las que hay que sumar el comunicado que la Fundación IDIS, constituida por la mayoría de las empresas sanitarias de titularidad privada de España, hizo llegar este lunes a los medios tras los primeros comentarios de Sánchez. En el texto difundido aseguraba que esto “son el reflejo de una clase política que vive de espaldas a la realidad y a los problemas del sistema sanitario: aumento desproporcionado de las listas de espera para diagnóstico y tratamientos, falta de cohesión entre CCAA, desigualdades en el acceso a nuevas tecnologías o fármacos ya aprobados, etcétera”.
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