El lobby anglosajón, o los Asuntos Públicos -como se conocen en el mundo empresarial y en España- están en pleno crecimiento. Cada vez son más las empresas que comienzan a desarrollar fuertes departamentos internos de asuntos públicos, incluyéndolos en los diferentes comités de dirección, mientras que las consultoras especializadas se afianzan en un mercado al alza.
Los expertos en asuntos públicos afrontan de distintas formas su desempeño profesional, existiendo una serie de asimetrías y diferencias que permiten categorizar al mercado en tres grandes tipologías.
Tipologías diferenciadas
En la primera se ubicarían aquellas consultoras independientes, especializadas en la gestión de asuntos públicos. Se trata de agencias que cuentan con oficinas y equipos de profesionales propios, que legitiman la actividad del lobby desde el rigor, la profesionalidad y la transparencia, formando parte y participando de los diferentes registros oficiales de intereses, además de presentar periódicamente sus cuentas ante el Registro Mercantil, como es el caso de LLYC, Acento, Vinces, Atrevia, Kreab.
Estas consultoras, que siguen el modelo de EE.UU., Inglaterra o Bélgica, cuentan con perfiles profesionales transversales, que preparan estrategias, trabajan diferentes argumentaciones y narrativas y analizan escenarios al tiempo que ofrecen un asesoramiento en los complejos procesos de interacción con las administraciones. Conjugan entre sus filas perfiles de políticos de alto nivel, técnicos de la administración, consultores de las llamadas Big4 y abogados expertos en la tramitación legislativa.
La segunda gran categoría la conforman las organizaciones sectoriales y patronales, con CEOE, Foment del Treball o los grandes sindicatos a la cabeza. A su papel como representantes constitucionalmente reconocidos, le suman su interés mercantilista, realizando un abordaje de los asuntos públicos desde un sentido de defensa de los intereses empresariales, poniendo el foco en los sectores a los que pertenecen las empresas a las que representan. En ocasiones fuerzan el poder político, sin una base sólida y sin la flexibilidad negociadora necesaria dado su papel de aglutinador y legitimador de intereses.
Por último, encontramos la tercera categoría y la más opaca. El denominado en EE.UU. one-man-show, ejercido por grandes personalidades del mundo político desde su retirada de la vida activa. Se fundamenta en una suerte de Senior Advisor o consultores independientes que, actúan sin el necesario control y sin permanecer en el foco mediático, defienden intereses muy concretos y económicamente muy sustanciosos. En nuestro país, perfiles destacados de esta forma de hacer lobby son los expresidentes del ejecutivo Felipe González y José María Aznar, o personas con una gran trayectoria política como José Bono, Ana Palacio o Pedro Morenés.
En contraposición a esta última forma definida de hacer lobby, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría ocupan parte de su tiempo en actividades relacionadas con los asuntos públicos. Pero, en su caso, desde la consultora Kreab o el bufete de abogados Cuatrecasas respectivamente.
Necesidad real
Distintos expertos y líderes corporativos aseveran que, en el contexto político, económico y social en el que nos encontramos, los asuntos públicos se han convertido en una prioridad en las empresas. Y no solo en lo que respecta a las políticas que se desarrollan en nuestro país, sino en el marco internacional, y más concretamente, en la Unión Europea.
A esta afirmación, se une una alta demanda generalizada de perfiles específicos para poder asumir estos nuevos roles corporativos. En el ámbito de la empresa, rechazan el one-man-show, por no asumir las obligaciones de Compliance. Con respecto a este último punto, para las compañías la apuesta por los asuntos públicos pasa por los modelos de consultoría estratégica supra-especializada y de pertenencia a las asociaciones patronales y de representación sectorial.
Seguiremos Informando…
