El camino hacia la Sostenibilidad ya ha sido fundamental durante el año 20223 para cualquier empresa, ya que su futuro y su forma de adaptarse al entorno actual se perfila en esa dirección. Por este motivo, actualmente las compañías tienen que demostrar su compromiso en el cuidado del medio ambiente, con la responsabilidad social y la gobernanza corporativa, es decir con los reconocidos como criterios ESG.
Pues bien, con la llegada del 2024, las empresas se verán todavía más obligadas a revisar el cumplimiento de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), ya que durante este nuevo año irán entrando en vigor de forma escalonada, varias normativas de cumplimiento obligatorio que cambiarán la comunicación con el mercado y sus grupos de interés.
Nuevos retos que van de la mano de los responsables en materia ESG (environmental, social and governance), ya que estos llevaban tiempo reclamando un aumento de la inversión, una adopción más generalizada y la implicación de los directivos. Algo que, gracias a las nuevas normativas aumentará y mejorará su importancia dentro de las empresas
Directiva europea sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD)
En concreto, dentro de esta nueva etapa, el primer gran paso será la Directiva europea sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés), que transformará el reporting y la presentación de informes sobre aspectos ambientales, sociales y de gobierno. Desde este mismo año, y en sucesivas fases, cerca de 50.000 empresas estarán obligadas a presentar informes de sostenibilidad, incluidas aquellas que no pertenecen a la UE, pero cuyas filiales operan en ella o cotizan en mercados europeos.
Las primeras empresas obligadas a cumplir con este nuevo aspecto son las organizaciones con más de 500 empleados. Durante este ejercicio deben ya recopilar información sobre su impacto en el medio ambiente (de la mitigación del cambio climático y emisiones a la biodiversidad), los derechos humanos y sociales (igualdad de trato o condiciones laborales) y gobernanza (órganos de administración, sistemas de control interno, ética o relaciones con clientes, proveedores y comunidades) para publicar dichos datos de cara a 2025.
Ahora bien, las compañías afectadas por esta normativa, tendrán que presentar su información en base a unos estándares comunes: los llamados ESRS. Y bien, los principales aspectos que incluye tanto la Directiva como los ESRS son el concepto de doble materialidad, la inclusión de información sobre la cadena de valor y el concepto de diligencia debida de sostenibilidad. Este último está muy relacionado con la próxima Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa (CSDD).
Cantidad de gases de efecto invernadero de productos importados
Además, a partir de este mismo mes, también entrará en vigor la primera declaración con la cantidad de gases de efecto invernadero de los productos importados entre octubre y diciembre de este año, al comenzar la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MARC), cuyo objetivo es controlar las importaciones más contaminantes. El nuevo mecanismo se aplicará, por ejemplo, a las importaciones a la UE de hierro y acero, aluminio, electricidad, ciertos fertilizantes o cemento. Los irectivos de las empresas afectadas estarán obligados a llevar un registro de las emisiones correspondientes a los productos importados, que servirán para calcular y justificar las emisiones implícitas.
Por otra parte, cabe destacar también que, en el caso de España, el Consejo de Ministros aprobó este diciembre la Ley de Representación Paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión, que obligará a las compañías y a la Administración y al sector público a tener al menos un 40% de mujeres en sus consejos de administración, como ya hacen países como Noruega o Francia.
Y, aunque se encuentra actualmente a falta del trámite parlamentario y de su aprobación definitiva, esta norma fijará sucesivos plazos de hasta cinco años, hasta 2028, para adaptar los consejos, pero sí sería ya de obligado cumplimiento para las 35 cotizadas del Ibex. Trece grupos no cumplirían la ley, sin embargo aún disponen de seis meses para nombrar nuevas consejeras y es que el incumplimiento de esta nuevo requisito podría acarrear sanciones que, según ha desvelado el Gobierno, podrían ir desde “multas importantes” hasta la “suspensión de la cotización”.
Por último, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron en diciembre un acuerdo sobre la Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa, que tiene como fin fomentar un comportamiento responsable en toda la cadena de valor y obligar a las empresas a identificar, prevenir y diseñar medidas contra su impacto negativo en el medio ambiente y los derechos humanos.
Se aplicará también y por el momento, a empresas con más de 500 empleados y 150 millones de euros de ingresos, las cuales se enfrentarán a multas por incumplimiento, que puede suponer al menos el 5% de sus ingresos. Los países tendrán dos años para su trasposición, pero España ya cuenta con el Anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales.
En definitiva, la administración pública es consciente de la importancia de proteger los bienes comunes y promover una gestión que pueda garantizar la sostenibilidad de estos bienes para las generaciones futuras. Una situación que no es ninguna sorpresa para nadie y que ayuda a impulsar nuevas medidas preventivas y de contención,como las ya anunciadas, para hacer frente a este problema.
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