Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 3,8% de la población mundial sufre depresión, un trastorno emocional que a día de hoy se considera la primera causa mundial de discapacidad, con una incidencia notable en las tasas de mortalidad y morbilidad.
La depresión ha aumentado, además, como consecuencia de la pandemia del covid-19, sobre todo entre los profesionales sanitarios, los universitarios y las personas más vulnerables socialmente. Según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2022, publicado a finales del año pasado, la prevalencia de trastornos depresivos por cada 1.000 habitantes ha pasado de 39,1 en 2016 a 46,8 en 2021, lo que supone un incremento del 20%.
En 2023, España sumó 44.000 nuevos casos de depresión resistente. Sin embargo, el cuidado de la salud mental en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente por el bajo número de profesionales en Atención Primaria, frente a la cantidad de demanda en esta especialidad. Estamos hablando de seis psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que el resto de países europeos cuentan, de media, con 18 profesionales de esta especialidad en la misma situación. Es decir, España tiene unas plantillas deficitarias que hacen imposible ofrecer la atención necesaria a los pacientes.
Para ser más concretos, según datos del Consejo General de Psicología, en 2022, en todo el Sistema Nacional de Salud, el número de especialistas en esta rama rondaba los 2.800, mientras que España se acercaba a los 48 millones de habitantes. Según la encuesta europea de salud, con datos relativos a 2020, 230.000 personas en España sufrían depresión grave, una cifra que, probablemente, a día de hoy, esté muy por encima teniendo en cuenta la tendencia al alza de la que hablábamos.
Mejorar el ratio de psicólogos en Atención Primaria se convierte, entonces, en una necesidad, puesto que los pacientes precisan de tiempo y terapias individuales para mejorar su depresión u otras enfermedades mentales, y no tanto el consumo de psicofármacos, como expresa la Sociedad de Técnicos de Enfermería (SAE), que reivindican y ponen de manifiesto esta urgencia.
“Queremos insistir en la necesidad de dotar al Sistema Nacional de Salud (SNS) de los recursos humanos apropiados para dar cobertura a la salud mental, además de reiterar el hecho de poner en marcha campañas que visibilicen estas patologías y ayuden a la ciudadanía a tomar conciencia de que nos pueden afectar a cualquiera”, señala Daniel Torres, secretario de acción social y formación de SAE.
Sin tener en cuenta, además, la poca cobertura sanitaria y, por ende, de salud mental en el medio rural, que incrementa aún más el ratio mencionado anteriormente.
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