La importancia del pluralismo informativo y el periodismo independiente en un contexto de creciente desinformación es el foco de un debate este lunes en el Parlamento Europeo. La agenda incluye una declaración de la Comisión, sin resolución.
Las noticias falsas y las campañas coordinadas de desinformación se han convertido en los últimos años en instrumentos de interferencia política, tal y como destacó la comisión especial del Parlamento que investigó el tema durante la pasada legislatura. Las elecciones europeas de junio de 2024 y varias elecciones nacionales recientes también se han visto afectadas por incidentes de manipulación.
La Unión Europea considera que la desinformación ha proliferado en torno a la invasión rusa de Ucrania y durante la pandemia de COVID-19. Ursula von der Leyen anunció al Parlamento en julio un nuevo escudo democrático europeo frente a la manipulación y la interferencia informativas.
Las autoridades tienen prohibido presionar a los periodistas
El Parlamento Europeo ha aprobado en los últimos años varios textos legislativos para proteger a los ciudadanos y las sociedades de la Unión Europea frente a la desinformación y la injerencia extranjera, incluida la directiva contra los litigios estratégicos para frenar la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).
También destaca la Ley sobre libertad de prensa, aprobada el pasado mes de marzo, que busca garantizar la libertad editorial frente a la interferencia política y proteger mejor a los periodistas y a sus fuentes. Los Estados miembros están obligados a proteger la independencia de los medios de comunicación y queda prohibida toda forma de intervención en las decisiones editoriales.
Gracias a esta ley, las autoridades tienen prohibido presionar a los periodistas y editores para que divulguen sus fuentes: no podrán detenerlos, sancionarlos, hacer búsquedas en sus oficinas o instalar programas de vigilancia intrusivos en sus dispositivos electrónicos.
Cabe destacar que, para evitar el uso político de los medios de comunicación públicos, sus directores y miembros del consejo de administración deben ser seleccionados mediante procedimientos transparentes y no discriminatorios para mandatos suficientemente largos. Además, no es posible despedirlos antes de que finalice su contrato, salvo que ya no cumplan con los criterios profesionales.
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