El régimen de Nicolás Maduro ha vuelto a violar la Constitución y las leyes de Venezuela, tras investirse el pasado 10 de enero como presidente, a pesar de no haber podido demostrar que ganó las elecciones celebradas el 28 de julio. El Gobierno de España no lo reconoce como presidente, y tampoco la Unión Europea (UE), que ese mismo día emitió una declaración en rechazo a la fraudulenta investidura. El Consejo, además, adoptó un nuevo paquete de sanciones dirigidas contra quince funcionarios “responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho o los derechos humanos en Venezuela”.
“La Unión Europea se solidariza con el pueblo venezolano, que votó pacíficamente el 28 de julio de 2024 para determinar el futuro de su país. Millones de venezolanos votaron a favor del cambio democrático al apoyar a Edmundo González Urrutia por una mayoría significativa, de acuerdo con las copias de las actas electorales disponibles para el público. Dado que las autoridades se han negado a publicar las actas oficiales de los colegios electorales, los resultados anunciados todavía no han sido verificados y no pueden reconocerse como representativos de la voluntad del pueblo”, señala el comunicado.
Firmado por la Alta Representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, la UE se ratificó en su decisión de no apoyar a Nicolás Maduro y fue tajante en su comunicado: “carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente”.
Ante esta realidad, el Consejo ha sancionado a quince funcionarios del poder judicial, electoral y militares de distintas fuerzas. Ninguna de las medidas perjudica al pueblo o la economía, resalta en el comunicado. “La responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela recae en sus autoridades. La revocación de las sanciones de la UE estará sujeta a que se logren avances tangibles en el ámbito de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Venezuela, y a que se den pasos importantes hacia un diálogo auténtico y una transición democrática”.
La lista de sancionados, que ya supera el medio centenar, incluía a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, entre otros altos cargos del régimen. Tales sanciones implican la prohibición de viajar a la Unión Europea y la inmovilización de activos a personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho.
Los 15 funcionarios que la UE suma a la lista de sancionados venezolanos son:
1.Fanny Beatriz Márquez Cordero: Vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Sala Electoral.
2.Caryslia Beatriz Rodríguez: Presidenta del TSJ
3.Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta: Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ.
4.Malaquías Gil Rodríguez: Presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ.
5.Antonio José Meneses Rodríguez: Secretario General del Consejo Nacional Electoral (CNE).
6.Carlos Enrique Quintero Cuevas: Vicepresidente del CNE.
7.Conrado Ramón Pérez Briceño: Rector principal del CNE.
8.Rosalba Gil Pacheco: Rectora principal del CNE y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral.
9.Luis Ernesto Dueñez Reyes: Fiscal auxiliar del Ministerio Público.
10.Edward Miguel Briceño Cisneros: Juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia.
11.Alexis José Rodríguez Cabello: Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
12.Miguel Antonio Muñoz Palacios: Director adjunto del SEBIN.
13.Elio Ramón Estrada Paredes: Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
14.Asdrúbal José Brito Hernández: Director del Departamento de Investigaciones Penales (DEIPC) de la DGCIM.
15.Domingo Antonio Hernández Larez: Comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
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