El informe sobre la Adopción de la legislación Europea en España publicado este 14 de enero por la Oficina del Parlamento Europeo en España revela que, en 2024, un 46% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales tienen origen en las instituciones europeas. De las 24 leyes aprobadas en este periodo por el Congreso de los Diputados y el Senado, 11 regulan aspectos que respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea, o lo que es lo mismo, derivan de directivas o reglamentos comunitarios o se enmarcan en el paraguas regulatorio fijado por las instituciones europeas.
De esas 11 normativas con origen europeo, 5 trasponen directivas europeas al ordenamiento jurídico de España o se adaptan o desarrollan aspectos de reglamentos europeos en materia de conciliación familiar y profesional; representación paritaria de mujeres y hombres en sociedades cotizadas; intercambio de información sobre antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales en la Unión Europea; la aplicación de un impuesto a multinacionales o el reglamento europeo que establece un mercado único de servicios digitales (Reglamento DSA).
Las otras 6 leyes contienen referencias o se basan en disposiciones europeas, es decir, respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea, aunque no respondan directamente a un mandato de transposición.
Se mantienen los niveles de influencia en las decisiones
En este primer año de la XV legislatura, aunque levemente a la baja, los niveles de influencia de las decisiones adoptadas en la Unión Europea se mantienen respecto a la legislatura anterior.
Durante los cinco años anteriores, el peso de las decisiones europeas se reflejó en el 53% de las normas adoptadas en España, entre ellas las que incluían la transposición de la Directiva sobre el impacto de plásticos, la de cooperación fiscal en la UE, la de Servicios de Comunicación Audiovisual o la del espacio ferroviario único para la UE.
Transposiciones en normas sin rango de ley
Otras 20 normativas aprobadas por el Consejo de Ministros en 2024 transponen también directivas europeas o se han adaptado a reglamentos. Se trata de Reales Decretos que, al ser normas sin rango de ley, no requieren seguir un procedimiento parlamentario en las Cortes.
En su mayoría transponen directivas relacionadas con la Política Agrícola Común o Pesca y, en menor medida, con el transporte, la salud o las condiciones laborales.
Destacan entre ellas, el Real Decreto que establece un nuevo formato de salvoconducto basado en el documento provisional de viaje de la UE; el que aumenta la protección de los y las trabajadores frente a la exposición a agentes cancerígenos en el ámbito laboral; el que aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante para proteger a las personas que denuncian irregularidades dentro de organizaciones públicas o privadas; o el que recoge las normas de entrada, residencia y trabajo en España para trabajadores temporeros, de alta cualificación, investigadores, estudiantes en prácticas y nacionales de terceros países.
87 directivas pendientes de trasponer
Según datos de diciembre de 2024 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, España está pendiente de transponer 87 directivas europeas, la mayoría de ellas con fecha límite de transposición en 2024, 2025 y 2026. De ellas, 29 ya han cumplido su plazo de transposición.
Entre las directivas aprobadas en 2024 figuran la de calidad de aire, que establece límites más estrictos a la emisión de contaminantes a la atmósfera; la directiva que refuerza la lucha contra la trata de personas, incluyendo nuevas modalidades de explotación, como la maternidad subrogada, la adopción ilegal y el matrimonio forzado; o la que, por primera vez, establece un marco supranacional para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en toda la UE.
84 reglamentos directamente aplicables en España
Además, en 2024, se han aprobado 84 reglamentos europeos que son de directa aplicación en todos los Estados miembros y, por tanto, ya forman parte del conjunto de leyes españolas.
Entre ellos, el reglamento que prohíbe los productos realizados con trabajos forzosos en los países miembros, el que establece normas comunes de registro de datos para alquileres turísticos en la UE, o el que aprueba el primer marco normativo para el uso de Inteligencia Artificial en la UE.
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