La situación de inseguridad de los periodistas mexicanos es cada día peor y las cifras de las estadísticas de los distintos organismos internacionales lo confirman. La última alarma llega de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en un informe por el ‘Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas’ celebrado ayer, reveló que desde 2010 a la fecha, 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en el continente americano por motivos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión. De estas muertes, 55 ocurrieron en México, lo que pone al país a la cabeza del listado en la región.
‘Cada 14 días un periodista es asesinado en América y en México ocurre uno de cada tres de los asesinatos documentados’, asegura la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Pero la nación azteca no está sola. De acuerdo con este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Honduras han asesinado a 28, en Brasil, 25; 11 en Colombia, nueve en Guatemala, seis en Perú y cuatro en Paraguay. Por ello, la CIDH ha aprovechado la fecha para pedir a los Estados del hemisferio que elaboren un plan estratégico que permita acabar con este flagelo y de forma especial, con los altos índices de impunidad que rodean los crímenes contra periodistas.
‘Para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales’ exigía la Relatoría. Mientras que el mismo Presidente de la CIDH, Humberto Sierra Porto, agregó que ‘la situación de violencia e impunidad de los crímenes contra periodistas sigue siendo un tema prioritario para la oficina y para todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos’. Para colmo ̶ dicen ̶ la violencia contra comunicadores es más fuerte en aquellas zonas donde existe una fuerte presencia del crimen organizado. ‘En muchos casos, lamentablemente, se ha verificado que estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con agentes estatales’, declaró la organización.
Y finalizó con una importante reflexión: ‘Cuando la situación de violencia en un país se vuelve un fenómeno estructural o vinculado al crimen organizado, es una obligación de los Estados adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos o de movimientos sociales amenazados’ porque la violencia contra las y los periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, que se comete a causa del ejercicio de su profesión, no sólo afecta la posibilidad de escuchar estas voces, sino que vulnera el derecho de las sociedades en general a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera libre y pacífica.
