México es el país más peligroso para el ejercicio periodístico en América y el tercero en el mundo, así lo revelan todos los estudios sobre libertad de expresión e información de los últimos años. Pero más allá de las cifras que exponen las organizaciones, hay rostros e historias que evidencian la terrible situación. Cinco de esos casos dan vida a Estado de Censura, un documental web que “evidencia el vínculo entre los ciudadanos que ejercen el periodismo y que han sido agredidos y los ciudadanos que, a causa de esas prácticas de censura, pierden su derecho a la información”.
De acuerdo con la delegación mexicana de la ONG Artículo19, creadores del documental, entre 2007 a 2014, en el país se han documentado 813 agresiones físicas, 289 amenazas, 152 detenciones arbitrarias, 64 asesinatos, 36 privaciones ilegales de la libertad, 33 casos de desplazamiento forzosos, 22 denuncias penales por difamación o calumnia y 14 desapariciones a periodistas, comunicadores, editores, directivos o medios de comunicación.
Alzar la voz para denunciar, disentir y criticar, conlleva un alto riesgo. El Estado, quien debería brindar protección, se convierte en el principal perpetrador de los ataques creando un clima de miedo que se respira en cualquier redacción del país”.
Víctimas del Estado de Censura
Gustavo Ruiz, Anabel Hernández, Edwin y Bartolomé Canché, Adrián López y Gregorio Jiménez son los protagonistas de Estado de Censura. Las agresiones que sufrieron, dice la ONG, representan los 10 tipos de violencia que debe enfrentar la prensa mexicana. “Sus voces nos sitúan no sólo como espectadores, sino también como partícipes de una misma realidad, en los lugares en donde ellas y ellos encuentran las razones para continuar su labor y cumplir con la vocación de informar, a pesar del adverso contexto con el que se encaran día con día”.
Obsesionado de la fotografía, de la ciudad de México y del silencio, Gustavo Ruiz Lizárraga representa a los comunicadores que han sido detenidos por el simple hecho de informar. Fotoperiodista colaborador de la Agencia Autónoma de Comunicación SubVersiones, el 1 de septiembre del 2013 mientras cubría una manifestación por el Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, no solo fue privado de su libertad, sino golpeado y humillado. “No estábamos cometiendo ningún delito ni obstruyendo la labor [policial], simplemente teníamos una cámara con la que habíamos grabado lo que estaba sucediendo, pero eso a ellos al parecer les aterra”, explica visiblemente afectado en el documental.
El miedo que se refleja en el rostro de Ruiz, contrasta mucho con la rabia que emana Anabel Hernández. Pero al escuchar todo lo que ha tenido que pasar por publicar un libro (Los señores del narco), donde tocaba teclas sensibles y altos mandos políticos y militares, resulta comprensible. Medios como Milenio, Reforma, Proceso y El Universal forman parte del curriculum de esta periodista de investigación con más de dos décadas de experiencia que fue forzada a dejar su país.
“Hubo un día que cojo mi teléfono y veo varias llamadas perdidas del numero de una fuente de información. Me dice que venía de una reunión donde vio a policías de la Agencia Federal de Información (AFI), hablar de cómo Genaro Garcia Luna (ex secretario de Seguridad Pública) y Luis Cárdenas Palomino (Director General) les habían propuesto que me mataran”, relata. A partir de ahí, Hernández vivió el asalto de su familia en el cumpleaños de una sobrina, seguimientos en reuniones de trabajo, recibió cajas con animales muertos en su casa, la misma que días después fue allanada por policías federales y miembros del grupo criminal los zetas que, también, amenazaron con armas a sus vecinos.
“Cuando se meten al lugar donde vives, cuando vulneran a un montón de gente inocente, cuando la maltratan solo por perjudicarte, ya es demasiado”, dice. Pero aunque lejos, sigue fiel a su vocación. Para ella, “la gente necesita saber si puede confiar en el mando policial o no, si trabaja para la sociedad o trabaja para el crimen” porque “es un asunto elemental de rendición de cuentas en la ciudad de México y en cualquier parte del mundo”.
Su opinión es compartida por Adrián López Ortiz, director del periódico Noroeste, en Sinaloa. Con casi tres años al frente del medio “crítico, a contracorriente y que impulsa causas ciudadanas independientes”, el periodista y su equipo han sufrido todo tipo de acoso y presión institucional. Asaltos y robos a la estructura de distribución y el fuero común de los empleados, amenazas telefónicas y cibernéticas, ataques informáticos al sitio web, agresiones a dos fotógrafos y un intento de secuestro a López, que terminó con dos disparos en ambas piernas forman parte de una larga lista que tiene más de 80 averiguaciones abiertas en el Ministerio Público, sin que hasta el momento haya ningún responsable.
“Cuando deciden dar golpes tan poderosos como pegarle al director de la organización, el mensaje es muy contundente: le podemos pegar a todos”, señala. Aunque estos hechos, no lo amedrantan y lo refleja parafraseando al catedrático canadiense Michael Ignatieff. “Cuando el procedimiento contradictorio democrático falla, cuando [los poderes] Legislativo y Judicial son comparsa del Ejecutivo, a los que nos toca hacer el trabajo es a los medios y a los ciudadanos”.
Ciudadanos como los hermanos Edwin y Bartolomé Canché, que comparten sus días entre la ganadería y el periodismo. Y esta mezcla, en un país como México, no suele ser buena. “Nos gusta la labor, nos gusta servir a la comunidad, que su voz se escuche más allá de las fronteras de nuestro municipio, incluso de nuestro Estado”, es una de las frases que dice orgulloso Bartolomé. Él inculcó el amor por el periodismo a su hermano y juntos han tenido que superar los abusos del poder en su trabajo como corresponsales del Grupo Megamedia en el Diario de Yucatán. Abusos que tienen nombre propio: Ermilo Dzul Huchim. El alcalde de su ciudad, con el apoyo del director de la policía municipal, encerró y torturó a Edwin el 1º de enero del 2014 por tomar una fotografía de un incidente que involucraba al hermano del edil y que evidenciaba la mala gestión de la administración.
“Nos han tratado de comprar, ha habido ofrecimiento de mucho dinero, pero creemos que nuestro compromiso va más allá de lo económico. Seguiremos haciendo nuestro [trabajo] y demostrándoles que el periodismo es una labor noble [superior a] cualquier amenaza y cualquier dinero”, asegura.
Hoy ambos se encuentran libres, pero no todos tienen esa suerte. Gregorio Jiménez, Goyo, como lo llamaban sus familiares y amigos, es uno de esos periodistas que no han ganado la batalla con el Estado de Censura. Después de varios meses de amenazas por la labor que realizaba en la sección policiaca de los medios Notisur, El liberal del sur y La red, el periodista fue secuestrado, torturado, mutilado y finalmente asesinado. Su muerte fue la décima de un reportero durante el gobierno de Javier Duarte, en el estado de Veracruz. Desde ese febrero del 2014, otros tres han perecido en el mismo ambiente de impunidad.
“Ser periodista, ser ciudadano en México es ser testigo de un avasallamiento producto de la violencia que no cesa y que se agudiza. Frente a la retórica de la autocomplacencia y la negación, las voces críticas se vuelven necesarias y urgentes. Estas mujeres y hombres nos enseñan que, en este país y en este contexto, el silencio no es una opción”. Ahí radica el valor de este documental.
Seguiremos Informando…
