Coincidiendo con la celebración de la semana de la libertad de expresión, Amnistía Internacional ha hecho público un informe en el que no deja bien parado a nuestro país. La organización denuncia un “uso abusivo de las leyes antiterroristas contra la libertad de expresión. En 2015, el Parlamento reformó la conocida como Ley Mordaza e introdujo nuevas limitaciones a las protestas, así como sanciones administrativas a quien participaran en reuniones públicas. Los medios de comunicación y periodistas también sufrieron las limitaciones en el desarrollo de sus funciones debido a esta reforma.
En estos años, decenas de periodistas han tenido que hacer frente a varias multas que respondían a conductas protegidas por los derechos a la libertad de expresión. Desde este informe dedican un apartado especial a estas restricciones que ha sufrido la libertad de prensa desde la reforma de la Ley Mordaza, también llamada Ley de Seguridad Ciudadana. Asegura que expresar ideas u opiniones poco convencionales es parte integrante del derecho a la libertad de prensa. Además, advierten que “la imposición de restricciones excesivas e innecesarias a los trabajadores de los medios de comunicación ha provocado una reducción constante de un espacio para el periodismo independiente y crítico”.
Este análisis de la organización de derechos humanos ha analizado el informe Tuitea…si te atreves donde se habla de la multiplicación de las condenas impuestas por la Audiencia Nacional en los últimos años tanto a periodistas, como a artistas y usuarios de las redes sociales, aplicando el artículo 578 del Código Penal. Las cifras pasan de 1 persona en 2011, a 15 en 2012, 7 en 2013 y 12 en 2014. Pero lo verdaderamente preocupante llega a partir de 2015, a raíz de la reforma de la ley, cuando las condenas se elevan a 18 personas, 35 en 2016 y 31 en el año pasado.
En términos generales, el informe de Amnistía Internacional, asegura que la limitación y la reducción del espacio del debate público y abierto, el análisis y la crítica representan una amenaza más a largo plazo para la fuerza de la sociedad civil y la capacidad de garantizar no sólo el derecho a la libertad de expresión, sino la defensa de toda una serie de derechos humanos fundamentales.
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