El Decreto Ley que ha propuesto el Gobierno de Andalucía y que está pendiente de validación por el parlamento autonómico, ha provocado la indicación de la Asociación Española de la Radiodifusión Comercial (AERC). Un paquete de medidas que permitiría cambiar el régimen jurídico de gestión de las emisoras municipales, consintiendo a los Ayuntamientos que puedan ceder su gestión a terceros, incluyendo emisoras comerciales.
Este Decreto, presentado con la excusa de agilizar trámites administrativos, abriría la puerta a la externalización y privatización de las radios locales. Desde la AERC reprochan al gobierno de Juanma Moreno la falta de consulta de esta medida al sector y al parlamento andaluz. Además, es una medida contraria a la legislación estatal básica, que establece que las Comunidades Autonómicas no tienen competencia para acordar la gestión indirecta de las emisoras municipales.
Para la AERC, aprobar este Decreto “dinamita la seguridad jurídica”, ya que sólo en Andalucía, numerosas emisoras pasarían a ser gestionadas sin la protección a la concurrencia y la idoneidad que garantiza la Legislación Estatal Básica. Además, el Decreto propuesto por la Junta atenta contra la capacidad del Estado de planificar y controlar el espectro radioeléctrico.
La AERC insta a la Junta al cierre de todas las emisoras ilegales
Asimismo, genera trato discriminatorio entre operadores de radio y entre territorios del Estado, introduce inseguridad jurídica para los operadores de radio comercial que acometen inversiones en infraestructuras y contenidos, y supone una abdicación del control de idoneidad técnica, solvencia y capacidad necesarios para la prestación de un servicio de radiodifusión de calidad, plural y competitivo.
Desde la Asociación Española de la Radiodifusión Comercial recuerdan al gobierno andaluz el acuerdo existente para frenar las emisoras ilegales que “perturban la competencia en materia de radiodifusión”. Por este motivo, la asociación se ha mostrado sorprendida de que a pesar de que a la Junta le conste la existencia de más de 400 emisoras ilegales, se haya tomado una decisión que a ponga en peligro este objetivo.
Desde la AERC han hecho públicas tres peticiones al gobierno de Juanma Moreno. Tres medidas que comienzan por el cierre de todas las emisoras ilegales que operan en su territorio, así como la suspensión del Decreto Ley que permite la privatización de las radios locales.
Además, llama a los diferentes grupos parlamentarios a que emprendan las acciones legales pertinentes para frenar este Decreto y a los órganos jurídicos del Estado a que velen por el cumplimiento del maraco jurídico general en materia de radiodifusión.
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