La cruzada que mantiene José Antonio Abellán contra COPE suma un nuevo episodio. En esta ocasión, el locutor ha atacado a la emisora de la Conferencia Episcopal a cuenta del nuevo decreto ley que ha impulsado la Junta de Andalucía para la “mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva” que, según el abulense, servirá “para exonerar a COPE de las golfadas cometidas con emisoras pirata”.
“La Junta de Andalucía aprueba el decretazo por el que perdonan a la COPE 400 millones de euros, les regalan cientos de emisoras y perdonan a todo el que invierta en sus emisoras ilegales, todo en contra de toda la profesión”, ha remarcado Abellán a través de su cuenta de Twitter, subrayando que se trata de “una ley corrupta de la que están en contra radios, asociaciones prensa, universidades…”.
Lejos de frenar su ofensiva, el locutor ha intensificado sus ataques, centrándose en Elías Bendodo, presidente del PP de Málaga y consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, y Adolfo Arjona, director de COPE Andalucía: “La Conferencia Episcopal ‘ha convencido’ a Elías Bendodo, capo del PP andaluz, para que en medio de la crisis que vivimos perdone a la COPE 400 millones de euros y le regale cientos de emisoras. Supongo que a cambio de un buen paquete de dinero negro de la caja de Unicaja de Adolfo Arjona”.{wbamp-show start}
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Para comprender el motivo por el que José Antonio Abellán ha entrado en cólera hay que acudir al anteriormente mencionado Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo. En dicho texto, el Gobierno que comanda Juan Manuel Moreno elimina “la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante, al resultar desproporcionada y perjudicial para la publicidad de entidades, empresas y autónomos que ejercen actividades económicas en Andalucía”. Con esta medida, el ejecutivo andaluz prescinde de las sanciones que hasta el momento se venían imponiendo a aquellos anunciantes que ponían publicidad en emisoras de radio y cadenas de televisión ilegales.
Además, el polémico decreto elimina “la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local puesto que dificulta la actividad económica del sector privado de comunicación audiovisual en Andalucía permitiendo, además, a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión”. Este punto también ha sido duramente criticado por las diferentes asociaciones periodísticas, que alertan de una más que probable privatización de los medios públicos locales.
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