Le llaman ingeniería fiscal y es un arte que permite que las grandes empresas del mundo desvíen sus beneficios a un país en donde se pagan menos tributos y de allí a un tercero normalmente un paraíso fiscal. Google es una de las empresas que aplica esta norma, aunque también lo hacen Apple, Amazon o incluso Starbucks.
El funcionamiento es simple. Se generan los ingresos en España pero, gracias a vacíos legales una empresa, digamos Google, desvía los beneficios a una subsidiaria en un país en el que se pagan menos tributos y desde allí a un paraíso fiscal, que en el caso de Google es las Bermudas.
Apple ya ha tenido problemas en Italia por esta práctica, por lo que le han puesto una multa millonaria, y Google ha decidido pagar 172 millones de euros en Reino Unido por los beneficios obtenidos entre 2005 y 2015, y que hasta ahora habían sido tributados en Irlanda. Este acuerdo de Google con Reino Unido sienta un precedente que podría hacer que otros estados de Europa pidan lo mismo a la empresa. Este anuncio ha puesto fin a seis años de investigación de la Hacienda británica sobre la compañía.
Como Google, la mayoría de las empresas tecnológicas aplica esta ingeniería fiscal, lo que provocó que en Reino Unido se creara el llamado Impuesto Google, con el cual se grava un 25% a los beneficios de las empresas que se desvían a otros países, haciendo que se quede más dinero en territorio británico. Actualmente se investigan los regímenes fiscales de Irlanda, Luxemburgo y Holanda.
Google, impuestos y el futuro de la ingeniería social en Europa
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó a finales de 2015 un plan de acción para combatir la optimización fiscal de las empresas multinacionales, que logran evitar legalmente el pago de entre 4 y 10% de los ingresos recaudados como concepto de impuestos sobre beneficios.
El secretario de la OCDE, Ángel Gurría, dijo en ese momento que “lo que cada quien tendrá que hacer es pagar impuestos con los beneficios que genere en el lugar en el cual los genere. El principio no es muy difícil de entender, pero su aplicación es endiabladamente compleja”. España creó en 2012 la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, que desde entonces tiene entre sus labores la de investigar cómo están operando las multinacionales.
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