MONTEVIDEO (19/01/06) Según la Asociación de la Prensa de Uruguay (APU), el caso más grave es el del secuestro y torturas padecido Marcelo Borrat, que tuvo lugar en octubre, a sólo unos días de haber sido despedido. Lamentablemente no es el único…
La salida de Borrat de su medio se produjo haber leído en su programa de radio un comunicado de los trabajadores de la empresa donde trabajaba.
Manuel Méndez, presidente de ese organismo, aseguró no haber obtenido respuesta de parte del Ministro del Interior de su país, José Díaz, y no se han registrado avances en las investigaciones y alargando la continuidad de este tipo de acciones que coartan la libertad de prensa en el continente.
Tampoco se han aclarado otras once amenazas de muerte y diez agresiones a periodistas registradas en el país durante el año pasado tampoco se han aclarado.
La mayor parte de los profesionales que son objeto de amenazas y agresiones han realizado investigaciones periodísticas sobre temas de corrupción o chantajes.
Algunas variantes de la violencia que se ejerce contra los informadores son las presiones, coacciones, censuras varias, represión antisindical y hostigamiento de gobernantes, sin que las autoridades hayan tomado cartas en el asunto, en una señal más de que la élite dirigente prefiere mantener a los periodistas bajo el yugo del miedo.
La profesionalidad de nuestros colegas uruguayos y de todo el continente es más potente que este tipo de prácticas que, en principio, no deberían existir en un Estado de derecho.
¿Faltará voluntad política? PRLatam envía su solidaridad a los afectados.
