El Parlamento Europeo archiva los casos de COPE y Telemadrid

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido archivar sin debate dos quejas en las que están plicados la cadena COPE y Telemadrid tras recibir un dictamen de la Comisión en el que se señalaba que ambas peticiones escapan a las competencias de la UE y deben resolverse dentro de España o en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

La petición sobre la COPE fue presentada en 2005 el eurodiputado del Partido Popular Luis Herrero, en nombre de ocho periodistas españoles y acompañada de 700.000 firmas, y denunciaba ‘la negativa de las autoridades regionales catalanas a renovar las licencias radiofónicas de la emisora de radio COPE en Cataluña’.

En cuanto a Telemadrid, Javier Juárez, en nombre del Comité de Empresa de la cadena, denunció en 2006 que su director general, Manuel Soriano, ponía una ‘manipulación del contenido de los noticiarios emitidos a fin de que favorezcan al Gobierno de la Comunidad de Madrid’.

En el caso de la COPE, el Ejecutivo comunitario señala que las decisiones sobre licencias y derechos de uso de radiofrecuencias corresponden a las autoridades nacionales, que tienen ‘la posibilidad de asociar condiciones especiales a los derechos de uso de radiofrecuencias para la transmisión de contenidos o servicios audiovisuales concretos’.

‘En conclusión, los asuntos relativos a decisiones concretas de las autoridades normativas nacionales competentes deberían resolverse dentro del sistema constitucional del Estado miembro en cuestión o, en su lugar, mediante presentación de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos’, señala el Ejecutivo comunitario.

Por lo que se refiere a la denuncia de los trabajadores de Telemadrid, Bruselas recalca que la legislación europea ‘prevé una aplicación armonizada del derecho fundamental a la libertad de expresión’.

Pese a ello, la Comisión añade que ‘las cuestiones relativas a la independencia editorial de los periodistas recaen claramente sobre el principio de subsidiariedad del Tratado y, lo tanto, deberían resolverse dentro del sistema constitucional de dicho Estado miembro o dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos’.

FUENTE: EUROPA PRESS