El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ha aprovechado, al igual que otros clubes de automovilistas, para hacer sus peticiones a los partidos políticos en materia de seguridad vial, aprovechando que el período previo a las elecciones es el mejor para arrancar promesas a las formaciones políticas. En lo referido a seguridad y educación vial, esta campaña electoral se presenta poco variada, ya que peticiones y promesas son parecidas en la mayoría de los casos. En este caso, los cuatro preros puntos que forman las demandas de CEA coinciden, casi letra letra, con las promesas de los políticos y las peticiones de otras asociaciones de la sociedad civil: la creación de una Secretaría de Estado de Seguridad Vial, el estableciento de la Educación Vial como asignatura obligatoria, la elinación de los puntos negros y la supresión de los guardarraíles.
Pero no son las únicas: evitar que los radares se utilicen con fines recaudatorios colocándolos antes de los puntos negros y destinar el 100% de las multas a inversiones en seguridad vial, incrementar la presencia policial en carreteras, establecer como permanente la Comisión de Seguridad Vial del Congreso y renovar el Plan Prever para incentivar la renovación del parque automovilístico son otras propuestas que han sonado fuerte en esta precampaña.
Además, CEA ha pedido a las Administración que salga del 9 de marzo, sea cual sea, la creación de un Centro Nacional que coordine de forma eficaz los servicios 112 de todas las Comunidades de forma que, ley, se pueda establecer un compromiso de que ningún accidentado en España tardará más 20 minutos en recibir atención médica; lograr el equilibrio legal necesario para que, un lado, se aplique de forma efectiva la reforma del Código Penal y otra, no se coarten los derechos de los conductores; y, finalmente, conseguir la participación activa de la Fiscalía en los procesos judiciales delitos contra la seguridad vial para terminar con la punidad de los infractores.
El Comisariado ha hecho estas peticiones con cinco objetivos a la vista: la reducción de los accidentes de tráfico y las víctas mortales, la mejora en la atención a los heridos en accidentes de tráfico, el aumento de la seguridad en las infraestructuras viarias, la consecución de una movilidad sostenible y la lucha contra la punidad de los causantes de accidentes con víctas.
