VENEZUELA 26/09/08
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En vísperas de las elecciones regionales y municipales del próxo 23 de noviembre, la guerra mediática en Venezuela continúa, alentada las declaraciones de algunos miembros del Gobierno. Ésta vez ha sido el ministro del Interior, Tarek El Aissami, el que ha justificado los ataques a Globovisión, acusando al canal de ‘golpismo'.
Militantes del colectivo ‘La Piedrita', proclive al gobierno de Hugo Chávez, atacó el pasado lunes la sede del canal privado Globovisión. La cadena fue, asismo, señalada como ‘objetivo de guerra' y su director, Alberto Federico Ravell, también fue amenazado.
Antes de este ataque, Globovisión había sido señalada el propio Chávez, junto con otros medios privados como los diarios El Nacional y El Universal, como uno de los actores que estaban detrás de un intento de golpe de Estado.
El cla, lejos de apaciguarse, se ve cada vez más crispado ante las reacciones y declaraciones de algunos líderes. Así, si inmediatamente después de conocerse el ataque a la cadena era la dirigente de Unión Popular Venezolana (UPV, Lina Ron, la que respaldaba este atentado, ahora el ministro del Interior vuelve a justificar este suceso violento. Ambos acusaron a Globovisión de conspirar contra el gobierno de Chávez.
Las organizaciones de periodistas también han reaccionado ante estos hechos. Reteros sin Fronteras (RSF) ha manifestado que es ‘inaceptable' que constantemente se utilice el argumento del golpe de Estado para ‘amordazar, intidar e incluso amenazar a toda la prensa crítica con el gobierno'.
En este sentido, RSF señala que ‘el Estado no desempeña su papel de garante de la paz civil y del respeto a las libertades fundamentales'. Precisamente ésta era una de las críticas recogidas en el Informe de Human Rights Watch (hrW)sobre la situación de la democracia y los Derechos Humanos en Venezuela, en el que se acusaba al gobierno de Chávez de atentar contra la libertad de expresión a través de un excesivo control sobre los medios.
Este hecho protagonizó otro episodio polémico, sobre todo, ante la decisión de la Administración Chávez de expulsar del país al directivo de hrW José Miguel Vivanco.
