Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y nadie, ni siquiera un juez, puede situarse enca de ella. Al juez Baltasar Garzón le avalan numerosos servicios al Estado realizados en el ejercicio de su magisterio, y una brillante trayectoria en la instrucción de cantidad de causas de gran trascendencia y repercusión, no sólo mediática, sino penal. Nadie mejor que el propio juez para entender que está sometido a la Ley como cualquier otro ciudadano y que muy loable que sea la causa que lo motive ha asumir las consecuencias si olvida este precepto. Por eso ha sorprendido el tono de los mensajes que se han escuchado en el acto de apoyo al juez contra su procesamiento parte del Tribunal Supremo organizado los sindicatos UGT y CCOO en la Universidad Complutense. Procesamiento, no hay que olvidar, un supuesto delito de prevaricación consecuencia de las diligencias practicadas en la investigación de los crímenes del franquismo. No investigar los crímenes, sino hacerlo a sabiendas de no tener competencias para ello. Que la querella que ha provocado la decisión del magistrado Luciano Varela de sentar a Garzón en el banquillo haya sido interpuesta el sindicato derechista Manos Lpias y Falange Española de las Jons, no ha contribuido precisamente a disipar las dudas acerca de los verdaderos motivos del Supremo para enjuiciar a Garzón y ha propiciado manifestaciones que retrotraen a épocas de nuestro reciente pasado. El Alto Tribunal ha actuado conforme a derecho, teniendo en cuenta el análisis de la denuncia y sin fijarse en quién presenta la denuncia, puesto que tal circunstancia no debe ser condicionante. De tal virulencia han sido las reacciones contrarias a la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo que el Consejo General del Poder Judicial se ha visto obligado a expresar públicamente su “preocupación y tristeza” ante estos ataques a su independencia. La tensa situación que han provocado las causas abiertas contra el juez Garzón requieren de cierta pedagogía democrática para serenar el tono de los discursos de uno y otro lado, puesto que la crítica en el libre ejercicio de la libertad de expresión no puede confundirse con la desacreditación, cuando lo que está en juego es la propia estabilidad de las instituciones. La independencia del Poder Judicial y el respeto a sus decisiones son elementos esenciales de la convivencia en democracia y hay que hacerlos valer.
Alberto Castillo
Director de Gente en Madrid
