Hace ya unos años, España transpuso una directiva europea sobre transparencia de las empresas cotizadas que desarrollaba las obligaciones sobre información que los emisores de valores debían difundir al mercado, bien fueran de carácter periódico o de manera continua, como los cambios en el número de derechos de voto, operaciones de autocartera u otros hechos relevantes, con el argumento de “mejorar la protección de los inversores y el incremento de la eficacia del mercado”.
Llegado a este extremo, cabe preguntarse cómo lo que es bueno y de obligado cumpliento en España para las empresas cotizadas, no lo es para el gobierno y las administraciones públicas que son los gestores de la mayor empresa cotizada de un país: el propio Estado.
La Constitución española de 1978 en su artículo 105 señala que la Ley regulará este extremo, pero lo cierto es que las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales son opacas y mantienen una concepción patronialista de la sociedad y de la información que puede garantizar el control y el poder de estas en detrento de los ciudadanos.
Es un hecho que la falta de transparencia encubre corrupción, abusos y mala gestión, además de potenciar un control antidemocrático de los recursos públicos y de la sociedad. Un proyecto de ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública está a la espera de que el gobierno lo remita al Parlamento y puede hacer que los españoles alcancen silares derechos que los ciudadanos de otros países gozan, incluso desde 1776 como es el caso de Suecia.
Hoy, el gobierno parece haberse olvidado de que la transparencia es consustancial a la regeneración democrática, ya que el peligro de abuso y corrupción aumenta allí donde el ejecutivo actúa en secreto. Mientras tanto, el proyecto duerme el sueño de los justos y todos tan contentos.
Carlos Díaz Güell
editor, profesor de la UCM y consultor de comunicación empresarial
