122 millones de euros es la cifra que el ayuntamiento de Madrid gastó en publicidad institucional entre los años 2005 y 2007, según los datos que ha facilitado el Tribunal de Cuentas.
La capital invirtió en promoción más que ninguna otra ciudad: el 60% de los 215 millones de euros que gastan en su conjunto las seis mayores entidades locales de toda España: Barcelona (61 millones), Málaga (10 millones), Sevilla (9,9 millones), Valencia (7,8 millones), Zaragoza (3,9 millones) y la propia Madrid.
Uno de los datos más curiosos del informe es que Barcelona invirtió casi la mitad de presupuesto que un Madrid enfrascado en la reforma de la M30 y unas obras que intentaron conseguir los Juegos Olímpicos. Madrid firmó en total 753 contratos de publicidad y comunicación 242 en 2005, 227 en 2006 y 284 en 2007. Según los datos de este informe, la inversión madrileña registró a lo largo de este período un descenso paulatino: pasó de los 45.729.073 de euros en 2005 a los 35.142.001 euros en 2007.
El Tribunal de Cuentas ha desglosado el gasto en publicidad de todas estas ciudades 2.674 contratos en total durante estos tres años, la mitad de menos de 12.000 euros y ha constatado que, salvo Zaragoza, el resto de ayuntamientos contrató publicidad a través de agencias externas pese a contar con gabinetes de prensa propios, lo que supuso el pago de comisiones “sin que en ninguno de los casos conste una justificación“.
El TC ha pedido al Gobierno que tome medidas dado el “relevante coste” en las arcas municipales de estos instrumentos y ha recordado a las entidades locales que “no pueden valerse” de la publicidad institucional para dar a conocer los servicios que prestan o los logros que consigue. Por eso, el organismo recomienda un cambio en la normativa para que se distinga este tipo de promoción de la que tiene un contenido económico y empresarial y, además, lanza una advertencia: “la publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos y –añade la publicidad institucional sólo puede ser un medio de información o educación para que los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes sobre aspectos de interés general (sanidad, bienestar social) o sobre circunstancias que afecten a algunos servicios (cortes en transte público)”.
Uno de los incumplientos que denuncia este informe es que algunos de los contratos eran ajenos a la publicidad institucional y que sólo servían a la promoción de eventos restringidos, sobre todos actos detivos y actos patrocinados el ayuntamiento. El Tribunal de Cuentas denuncia el caso de Sevilla, donde la ausencia de un canal único de gestión de las facturas provoca un alto riesgo de error en los pagos derivados de las mismas. Aunque no se detectó duplicidad en los pagos publicidad, el organismo sí recibió varias vías la documentación y las facturas que pidió para su estudio.
Por últo, aunque en su estudio el TC no observó la utilización de la publicidad réditos electorales a corto plazo, advierte que la propaganda encubierta mediante “períodos prolongados” puede inducir al ciudadano a una determinada opción política con independencia de que su punto culminante no se alcance en el periodo electoral.
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