La gestión de la sanidad en el siglo XXI se caracteriza por la utilización de las herramientas tecnológicas. Aportan mayor agilidad, mejor calidad en la información, difusión con eficacia medidas para fomentar hábitos de vida saludables y, por tanto, un mejor servicio a los pacientes. Sin embargo, lo que nunca debemos perder de vista es que la utilización de la tecnología debe respetar los derechos de privacidad y confidencialidad de los pacientes. Por ello, los expertos consideran que ha llegado el momento de crear una organización ejecutiva independiente que defina, ejecuta y siga una estrategia nacional.
Así lo ha puesto sobre la mesa Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Durante su intervención en el marco del XXIII Congreso Español de Derecho Sanitario, considera necesario el liderazgo del Ministerio de Sanidad, al que habría que sumar también la participación activa de todos los agentes del sector y el desarrollo de un plan estratégico consensuado, para promover la implantación de una estrategia nacional en eSalud. “El proceso de transformación hacia la salud digital requiere de una organización ejecutiva independiente. Además, abogamos por la creación de un Centro Nacional para la Salud Digital, como entidad de carácter técnico, y una Comisión Permanente en el seno del Consejo Interterritorial para la Salud Digital que coordine e impulse esta estrategia”, ha manifestado la secretaria general de Fenin.
Los expertos en tecnología y sanidad prevén que a corto plazo, y más concretamente en apenas cuatro años, el sector sanitario utilizará una cantidad de datos 50 veces superior a la que mueve hoy en día. Las posibilidades que ofrece el Big Data serán clave para transformar la actual atención sanitaria. Ayudará, por ejemplo, a identificar mejor pacientes crónicos en riesgo de descompensación y a tomar decisiones clínicas en tiempo real. Pero el Big Data sanitario también representa un importante reto jurídico. El nuevo reglamento europeo será de directa aplicación en todos los países de la Unión, sin necesidad de incorporación por los Estados miembros a su ordenamiento interno, y comenzará a aplicarse en mayo de 2018.
En opinión de Dª María Mercedes Serrano Pérez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla La Mancha, “se hace necesario un equilibrio entre la acumulación masiva de datos sanitarios y la protección de los derechos, entre los avances tecnológicos y la privacidad de los ciudadanos”. Como posibles soluciones plantea una petición de datos moderada, la realización de funciones concretas por parte de los órganos de vigilancia y el principio de transparencia, “que debe englobar desde la solicitud, al título de la investigación y los resultados de la misma”. La ponente además sostiene el riesgo sobre la anonimización de los datos: “Conforme avanza la tecnología, la anonimización de datos irreversible desaparecerá ya que habrá alguna tecnología capaz de relacionar de nuevo los datos con la persona que los genera”.
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