La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha presentado una nueva y más amplia propuesta de regulación de la transparencia de los lobbies. Así informa la propia asociación en un comunicado, que añade que la propuesta se ha elaborado tras un período de debate interno y consultas externas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, además de con expertos jurídicos.
La propuesta plantea incorporar medidas que permitirán garantizar de una manera efectiva el objetivo de transparencia y del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. El objetivo, según APRI, es regular las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública, además de que ésta sea consecuente con el actual entorno social y político español en una “actividad que creemos fundamental para cualquier democracia y que hay que llevar a cabo con la máxima transparencia”, añaden.
Algunas de las medidas que solicita APRI en su propuesta tienen que ver con la mejor definición de grupo de interés, la creación de un registro común y su adscripción al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, una mejor definición del ámbito de aplicación y las consecuencias de la inscripción detalladas y Código de Conducta. También destacan la amplia definición de responsable público, una mejor definición de derechos y obligaciones y tratar los conflictos de intereses y las puertas giratorias, entre otras.
Efectivamente, el lobby es la asignatura pendiente en el ámbito jurídico español, porque como se defiende en el sector, la libre concurrencia de intereses tiene cabida en un sistema democrático sano. De un tiempo a esta parte la necesidad de que la actividad del lobby se regule se ha reivindicado fervientemente. En este sentido, sí se ha dado algún paso en nuestro país. En 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya instauró un registro de lobbies.
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