La proposición de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés por fin ha salido adelante, con 172 votos a favor, 2 en contra y 64 abstenciones. Esta era una reclamación que venían haciendo diferentes profesionales que dedican su actividad profesional al lobby. Los directores de asuntos públicos de Grayling, Comunitega, MAS Consulting y KREAB apoyan esta reforma, aunque se echa en falta mayores datos para completar el registro. En España el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, la CNMC y el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, han sido algunas de las primeras instituciones en poner en marcha sus propios registros grupos de interés. Ahora será el Congreso de los Diputados el que está más cerca de tener su propio registro.
La reforma del reglamento a propuesta del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados se pone en marcha “con el fin de mejorar el proceso legislativo haciéndolo más transparente, partiendo de la premisa de que la actuación del lobby es legítima, y constituye un mecanismo de actuación de la sociedad civil y de participación de ésta en la conformación de las políticas públicas y de la legislación, contribuyendo así a la mayor calidad de nuestras leyes”.
De este modo, se añade un nuevo capítulo noveno al título IV del Reglamento y la puesta en marcha de un registro de grupos de interés que mantengan encuentros con los diputados y el personal adscrito a su labor parlamentaria con el objetivo de trasladar sus intereses y propuestas. La aprobación, aunque ha sido apoyada por la mayoría de los grupos políticos, ha recibido numerosas críticas y ha sido calificada por los diputados como “incompleta”, sobre todo en algunos puntos como la de las remuneraciones que los lobistas reciben en su función de representación de los intereses de los grupos de interés.
En esta misma línea coincide Diego Bayón, consultor de asuntos públicos en KREAB, para quien esta modificación del reglamento “limita el registro a la Cámara Baja y no incluye otras cuestiones esenciales como la publicación de agendas de los cargos públicos o la llamada ‘huella legislativa’, que permite conocer todas las aportaciones que han realizado los diferentes grupos de interés durante la elaboración de una norma o política pública”. Para Bayón, la proposición de ley presentada por Ciudadanos “va más allá”. Según el consultor de KREAB, esta proposición “diseña un registro de aplicación nacional que permitiría evitar la dispersión de registros autonómicos y locales que estamos viviendo en los últimos meses, que generan barreras de entrada para organizaciones de pequeño y mediano tamaño a la hora de participar en el proceso de definición de políticas públicas”.
Más explícito sobre la reforma se muestra Alberto Lahoz, Director de la consultora de asuntos públicos Comunitega: “El posicionamiento que ha adoptado el Congreso está un poco a medias de lo que se debería esperar ante la situación que se vive en España”. Según explica Lahoz, el registro que pretende aprobar el Congreso “obliga a poner los datos, a informar de los clientes, pero no aponer las cantidades que pagan-que sí aparecen en el registro de transparencia de la Unión Europea-. Seguirá siendo un registro voluntario, por mucha obligatoriedad que se le presuponga, en el cual la gente podrá rellenar todos los campos o no rellenarlos todos”.
A partir de ahora con la modificación del reglamento, todos aquellos representantes de los grupos de interés que quieran mantener encuentros con los diputados y con el personal adscrito a su labor parlamentaria con el objeto de trasladar sus propuestas en defensa de sus intereses deberán, con carácter previo, inscribirse en un Registro público adscrito a la Secretaría General del Congreso de los Diputados. Los grupos de interés dejarán constancia en el registro de las reuniones con los diputados y el personal adscrito a su labor parlamentaria con el objetivo de trasladar sus intereses y propuestas, acompañando copia de la documentación presentada durante las mismas.
Los registros de los grupos de interés y de los lobistas en las instituciones ayudan a salir de las penumbras a los profesionales dedicados a esta práctica, aseguran desde el sector, que lleva años reclamando una legislación concreta a sus funciones en favor de la profesionalización del lobby en España. “Creo que es un paso muy importante hacia la normalización del sector, contribuye a normalizar una profesión que lleva practicándose desde haces años en España”, asegura David Simón, director de Grayling Asuntos Públicos, quien es partidario de este tipo de registros. “Los lobistas contribuimos con nuestra actividad al desarrollo de nueva regulación mediante el intercambio de información con el regulador, la trasparencia en este proceso garantiza que este intercambio de información se realice con ética y profesionalidad. A la vez, esta regulación pone a España en el mapa europeo en cuanto a la regulación del lobby, aunque sea menos amplia que la que tenemos en Bruselas, donde por ejemplo los lobistas contamos con una tarjeta de libre acceso al Parlamento”.
Rubén Rodríguez, Socio de MAS Consulting Group también insiste en que el cambio de la norma se queda corta : “La aprobación del registro de grupos de interés en el Congreso de los Diputados es un punto de partida interesante para dotar de mayor transparencia a la actividad del lobby. La transparencia es realmente necesaria para profesionalizar una actividad normalizada en las democracias más consolidadas del mundo. No obstante, una modificación del reglamento del Congreso de los Diputados se queda corta porque solo se suscribe al ámbito de la Cámara Baja sin tener en cuenta el resto de Administraciones Públicas donde también está presente la práctica del lobby”.
Para Diego Bayón, consultor de asuntos públicos en KREAB, “en realidad, el lobby no es más que la defensa de unos intereses ante la administración pública, lo que permite trasladar la postura de una organización a las Instituciones, proporcionar información a los decisores públicos y, en última instancia, generar mejor regulación. En ese sentido, el desarrollo de cualquier normativa que favorezca la transparencia en la toma de decisiones es enormemente positivo. Países de nuestro entorno como Irlanda, Francia, Austria o Reino Unido ya cuentan con registros obligatorios para los grupos de interés.
Una vez soslayado el primer obstáculo para la puesta en marcha del registro de los grupos de interés, la iniciativa seguirá su tramitación en comisión de reglamento. Estudiada la propuesta y las enmiendas que los grupos parlamentarios presenten a la misma, esta comisión emitirá un dictamen que será sometido a votación en el pleno.
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