Desde el pasado 1 de mayo Cataluña se ha convertido en la primera comunidad autónoma en España en implantar un impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas. La medida ha puesto en jaque a la industria de las bebidas azucaradas y la del resto de la alimentación que ve cómo otras comunidades autónomas podrían iniciar similares medidas regulatorias. ¿Se ha convertido el azúcar en el tabaco del siglo XXI? ¿Ha sabido reaccionar la industria de la alimentación y bebidas a estas medidas? prnoticias ha preguntado a Carlos Fernández-Villaverde, director asociado del área asuntos públicos de Planner Media, Daniel Sousa, consultor de public affairs y relaciones institucionales de la consultora Comunitega, y la directora de asuntos públicos de ATREVIA, Yolanda Román, sobre el papel de la industria su estrategia para impedir el desarrollo de la legislación.
La industria del tabaco tardó décadas en conseguir que su consumo se restringiera hasta los límites actuales. La legislación sobre fumar en espacios cerrados, por ejemplo, no llegó a España hasta 2006. Estas medidas restrictivas llegaban después de años de imponer un gravamen a las cajetillas de tabaco y que no consiguieron su objetivo: disminuir su consumo. Ahora la guerra ha comenzado en contra del consumo de bebidas azucaradas, siguiendo las recomendaciones de la organización Mundial de la Salud (OMS). La industria de las bebidas azucaradas ha optado por la estrategia del silencio para unos, o el inmovilismo para otros.
Para Yolanda Román, la directora de asuntos públicos de ATREVIA, “teniendo en cuenta la rapidez con la que se ha planteado la medida y el escaso margen de maniobra, no puede decirse que la respuesta de la industria de bebidas azucaradas no haya sido adecuada”. Sin embargo, Daniel Sousa es más escéptico y adivina una respuesta más comedida desde la industria. “Considero que la industria de bebidas azucaradas de algún modo ‘podía ver venir’ un impuesto de estas características en España, ya que es un tema que internacionalmente lleva años sobre la mesa (…) Dentro del paraguas de la Unión Europea tenemos los casos de Francia o Portugal. En Francia fue un impuesto que se introdujo en 2012 y continuó aumentando en los años siguientes, por lo que una vez visto el panorama internacional, la industria debería haber estado preparada y haber ido construyendo un discurso de fortalecimiento de cara al consumidor más potente”, asegura a prnoticias el consultor de Comunitega.
Sin embargo, desde la consultora Planner Media, su director de asuntos públicos cree que el silencio de la industria ante la medida no tiene que ver con un inmovilismo, sino con la aceptación del cambio del orden de las cosas, en este caso el orden legislativo. “Todos los sectores empresariales están acostumbrados a la evolución legislativa, que a veces se rige por el principio de prueba y error. No debemos olvidar que la supervivencia de cualquier sector, utilizando una analogía biológica, depende de su capacidad de adaptación al entorno. Así pues, cuesta creer que la industria de las bebidas azucaradas no esté preparada para este y otros muchos escenarios”, reflexiona Carlos Fernández-Villaverde.
En este sentido, Yolanda Román coincide en que ha sido “importante” que la actuación haya sido conjunta “a través de la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), y en el ámbito de las bebidas azucaradas a través de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas”. Tal y como explica Daniel Sousa, “en España tanto la FIAB como Anfabra estuvieron en contacto con el Gobierno de España para frenar la tasa a las bebidas azucaradas que se acabó de aprobar advirtiendo del impacto negativo que tendrá en la economía, donde repercutirá previsiblemente en el consumo, y en el empleo como consecuencia de lo primero”. Según las estimaciones este impuesto implicará un aumento de entre el 8% y el 50% del valor de las bebidas azucaradas donde por cierto, las marcas blancas serán las más afectadas, recogen desde Comunitega.
¿Impuestos para cambiar hábitos de consumo?
La advertencia de la OMS y el aumento del consumo de azúcar no es nueva, las soluciones, por el momento, no van precisamente encaminadas a cambiar los hábitos de la población, sino más bien, a proponer medidas restrictivas –como en el tabaco – sobre su consumo. “Los gravámenes al consumo no deberían ser la piedra angular de las políticas de consumo responsable. En ocasiones pueden ser relativamente efectivos como medidas accesorias, pero lo que realmente resulta esencial es el impulso de políticas que fomenten estilos de vida saludables o de respeto al medioambiente. Este tipo de medidas, que sí se han demostrado eficaces, lo son todavía más si se desarrollan en colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado”, reflexiona el consultor de asuntos públicos Carlos Fernández-Villaverde.
En este mismo sentido apunta la opinión de la responsable del área de public affairs de ATREVIA. “Entendemos que un consumidor responsable es un consumidor informado. Y el consumo de determinados productos no dependerá tanto del precio, sino en gran medida de la información de la que el consumidor dispone sobre el mismo. Parecen igualmente necesarias, si no más, medidas encaminadas a una mayor información y transparencia para el consumidor, así como a promover campañas de alimentación saludable. Ahí, la industria y las administraciones públicas deberían colaborar para avanzar en una mayor responsabilidad compartida”, indica Yolanda Román.
“Incluso la OCU señalaba –apunta Daniel Sousa– que si el impuesto sobre las bebidas azucaradas tuviera realmente un afán de mejorar la salud pública y no recaudatorio, desde el Ejecutivo se tomarían otro tipo de medidas. Se percibe un clima de oposición generalizado desde los fabricantes de este tipo de productos (FIAB, Anfabra), los distribuidores, las cadenas de supermercados, transportistas, agricultores e incluso las organizaciones de consumidores en que ni lanzará un mensaje disuasorio a la población, que seguirá consumiendo estos productos pero más caros, ni se persigue un objetivo real de salud pública, sino recaudatorio”.
A partir de ahora son muchos los retos a los que se enfrenta la industria de las bebidas azucaradas y la alimentación. Según la directora de asuntos públicos de ATREVIA, Yolanda Román, “la industria debe marcarse una exigente hoja de ruta para adelantarse en la medida posible a los cambios regulatorios y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo responsable. El trabajo en el ámbito político y regulatorio será tan importante como las campañas de comunicación al consumidor en este proceso”. Sin embargo, para el director de asuntos públicos de Planner Media, la medida de imponer un impuesto a las bebidas azucaradas no supone la apertura de una veda legislativa en contra del sector. “La evolución legislativa tiene que permitir a todos los sectores empresariales disponer de un marco regulatorio adecuado a las necesidades específicas de su ámbito para garantizar el progreso. En cierta medida, la evolución legislativa produce certidumbre, lo que es fundamental para el correcto funcionamiento de la sociedad e incluso del mercado”, señala Fernández-Villaverde
Para David Sousa, “el ‘efecto contagio’ es previsible y con total seguridad el impuesto sobre las bebidas azucaradas es la primera repercusión de una dinámica en contra de estos sectores. En ningún caso la industria debe perder de vista los próximos pasos políticos que acontezcan tanto en España como en el contexto de la Unión Europea, que es desde donde influencian a nuestros Gobiernos y Parlamentos”.
¿Qué bebidas deben pagar el impuesto?
El Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas ha entrado en vigor el 1 de mayo de 2017. El impuesto tiene por objeto gravar el consumo de bebidas azucaradas envasadas y es exigible en todo el territorio de Cataluña, con independencia de su lugar de fabricación.
De acuerdo con el artículo 72 de la Ley, son bebidas azucaradas las que contienen edulcorantes calóricos añadidos como, entre otros, azúcar, miel, fructosa, sacarosa, jarabe de maíz, jarabe de arce, néctar o jarabe de ‘agave y jarabe de arroz. Esto significa que están sujetos tanto los refrescos o sodas, como las bebidas de néctar de frutas y jugos de frutas, las bebidas deportivas, las energéticas, las de té o café, las leches endulzadas, las vegetales y las aguas con sabores. Se establecen dos tipos de gravamen según el contenido en azúcar: las bebidas con más de 8 gramos de azúcar por cada 100ml: 0,12 euros / litro. Y por su parte las bebidas de entre 5 y 8 gramos de azúcar por cada 100ml: 0,08 euros / litro.
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