El consumo de tabaco sigue siendo el principal problema de salud pública en España. Ocasiona más de 50.000 defunciones al año de personas que en su mayor parte empezaron a fumar mucho antes de alcanzar la mayoría de edad, y permanece como primera causa de muerte evitable, razones todas que convierten al tabaco en un grave obstáculo al derecho a la salud y a la vida de los españoles.
Así comienza la “Declaración de Madrid-2018 para el avance de la regulación del tabaco en España”, redactada al término de la Conferencia Internacional sobre Control del Tabaco que tuvo lugar el pasado 14 de junio en Madrid y ratificada luego, a instancias del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), por los consejos generales de todas las profesiones sanitarias (médicos, enfermeros, dentistas, farmacéuticos y psicólogos), además de por 60 de sociedades científicas y varias asociaciones de pacientes.
Los dos efectos primarios de las dos sucesivas leyes han sido la disminución de la exposición general de la población al humo ambiental de tabaco y la desaparición de la publicidad directa, lo que contribuyó decisivamente a que aumentara la percepción de riesgo asociada al consumo de tabaco, y en consecuencia, a que este bajara desde tasas de población adulta fumadora que a principios de siglo se situaban holgadamente por encima del 32%.
Pero esos logros no deben llevarnos a perder de vista ni las limitaciones originales de tales normas ni los aspectos pendientes de implementación. Así, se comprueba hoy en día que:
– El consumo de tabaco sigue siendo el principal problema de salud pública de nuestro país, tanto por la morbi-mortalidad que genera como por la disminución que ocasiona en las expectativas de calidad y esperanza de vida.
– Un 22,1% de las personas adultas sigue fumando, según la última Encuesta Nacional de Salud. Esta cifra excesivamente alta para un factor de riesgo que ocasiona la muerte prematura de la mitad de sus consumidores regulares.
– El consumo de tabaco se va concentrando en las personas pertenecientes a los niveles sociales más desfavorecidos, algo que se ve tanto en población adulta como en población infanto-juvenil, y que es especialmente llamativo en el caso de las mujeres embarazadas.
– Siguen existiendo ambientes en los que parte de la población se ve expuesta al humo pasivo del tabaco.
Por éstos y otros motivos, las organizaciones firmantes del documento consideran urgente que en nuestro país se tomen una serie de medidas y que volvamos a adquirir el liderazgo social que alcanzamos en Europa en este campo en los primeros años de este siglo. Y pasan a enumerar algunas de las principales medidas que, según la evidencia científica disponible, deberían adoptarse en España:
– Equiparar al alza la fiscalidad de todos los productos de tabaco o que contengan nicotina, haciéndola similar a la de los países más desarrollados de nuestro entorno
– Exigir el cumplimiento de la legislación vigente sobre el consumo en los lugares públicos cerrados o cuasi-cerrados (como terrazas, patios o áreas de tránsito en centros comerciales) y aplicarla a todos los productos relacionados (productos de tabaco sin combustión y productos a base de hierbas para fumar).
– Prohibir fumar en cualquier tipo de vehículo para evitar la exposición al humo de los pasajeros y como medida de seguridad vial y medio-ambiental.
– Mejorar y extender la protección frente al humo ambiental sobre la base de: 1) eliminar ambigüedades (definición y delimitación de espacio al aire libre, excepciones en espacios cerrados, etc.); 2) ampliar los entornos sin humo en lugares al aire libre (instalaciones deportivas y de espectáculos, paradas y andenes de medios de transporte, playas y otros espacios naturales, piscinas comunales); y 3) implicar a los cuerpos de seguridad -locales, autonómicos y estatales- en el cumplimiento de lo legislado al respecto.
– Promover los hogares libres de humo y concienciar a la población al respecto, pues en la actualidad es el principal lugar de exposición al humo ambiental de tabaco.
– Introducir el empaquetado neutro, al igual que lo han hecho diversos países de nuestro entorno, con el fin de disminuir el atractivo del producto a los menores de edad y aumentar su percepción de riesgo.
– Facilitar el acceso a profesionales sanitarios entrenados en el tratamiento del tabaquismo, y financiar aquellas intervenciones clínicas, conductuales y farmacológicas, que hayan mostrado efectividad y seguridad.
– La regulación sobre publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco debe extenderse también a los productos relacionados, incluyendo los dispositivos utilizados para su consumo, como pipas, pipas de agua, tabaco sin combustión (IQOS), etc. Asimismo, es necesario eliminar la publicidad del tabaco y productos relacionados en los puntos de venta.
Los autores y firmantes de la declaración sostienen que la mayoría de estas medidas pueden ser aplicadas “sin apenas coste”, y que “la evidencia científica muestra que su aplicación contribuye decisivamente a prevenir el inicio en el consumo y a que quien quiera dejar de fumar tenga más posibilidades de conseguirlo”.
Seguiremos Informando…
