El decreto ley que recientemente impulsó la Junta de Andalucía para la “mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva” que en la práctica significaba la privatización de multitud de emisoras municipales sigue levantando revuelo. En esta ocasión, la polémica se ha trasladado hasta el Tribunal Constitucional, que el próximo 6 de mayo suspenderá de forma temporal parte de la normativa después de que el Gobierno decidiese recurrir dos de sus puntos más controvertidos.
Según señala Cadena SER, el recurso presentado por el ejecutivo que lidera Pedro Sánchez será admitido a trámite en el próximo Pleno del Consitucional, que se celebra este miércoles, lo que conlleva que los artículos conflictivos serán suspendidos de forma automática hasta que los magistrados tomen una decisión sobre ellos, un hecho que debe ocurrir en un plazo de cinco meses, tal y como se recoge en el artículo 161.2 de la Constitución.{wbamp-show start}
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Pero, ¿por qué es tan polémico este decreto ley? Una de las principales controversias está relacionada con la supresión de “la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante, al resultar desproporcionada y perjudicial para la publicidad de entidades, empresas y autónomos que ejercen actividades económicas en Andalucía”. De esta manera, el gobierno que comanda Juan Manuel Moreno elimina las sanciones que se venían imponiendo a aquellos anunciantes que ponían publicidad en emisoras de radio y cadenas de televisión ilegales.
Además, la nueva normativa también hace desaparecer “la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local puesto que dificulta la actividad económica del sector privado de comunicación audiovisual en Andalucía permitiendo, además, a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión”. En este caso, el gran miedo de las asociaciones periodísticas es que se produzca una progresiva privatización de los medios públicos locales, lo que ha provocado fuertes críticas desde la Asociación Española de la Radiodifusión Comercial (AERC).
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