En la Tierra a viernes, 19 abril, 2024

Una CARTA del Gobierno de Madrid reconoce de facto la terrible situación de los geriátricos

La Comunidad de Madrid aconsejó a las familias de residentes en geriátricos de la región que trasladaran a los ancianos a sus domicilios en el momento más dramático de la pandemia. La carta llegó a las residencias a primeros de abril, después de que el Gobierno regional estableciese protocolos para el ingreso o exclusión de ancianos en hospitales y cuando los centros estaban desbordados y sin medios para atender la ingente cantidad de contagiados. “….si dispone de apoyo o una cobertura suficiente para permanecer en su propio domicilio, es muy recomendable quedarse en el mismo hasta que el curso epidemiológico de la enfermedad se controle”, señala la comunicación de la Agencia Madrileña de Atención Primaria, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos.


La carta se envió desde el órgano gestor de la Administración madrileña a los centros de mayores que, a su vez, trasladaron la recomendación oficial a las familias, no sin las prudentes advertencias acerca de la posibilidad de que el familiar pudiera contagiarse en un ambiente incierto, así como las posibles dificultades para su regreso a los centros, sobredimensionados por los traslados de personas de unos a otros en función del nivel de contagios y por la práctica imposibilidad de ingresar a los afectados en un hospital. “Se permite el traslado del residente al domicilio de sus familiares para estar bajo el cuidado de su familia. Este traslado podrá realizarse garantizando por escrito la familia su permanencia en el domicilio familiar al menos mientras dure la situación de emergencia sanitaria”, subraya la comunicación, en su punto 6, aclarando que “si por cualquier circunstancia sobrevenida que imposibilite el cuidado del mayor en el domicilio familiar, el residente debe volver a la residencia. Este reingreso cumplirá con los siguientes requisitos: que el mayor se encuentre antes de vuelta al centro libre de síntomas o que se haya realizado un test de detección frente al coronavirus siendo el resultado negativo”.


La Administración reconocía de facto en una comunicación, curiosamente sin firmar pero enviada desde un correo electrónico del órgano gestor, las trabas para el posible reingreso de los mayores ya que en esa fecha no se disponía apenas de test para la población pero, además, constata el desbordamiento en el que se encontraban los geriátricos y la gestión calamitosa que se realizó de éstos en la situación de alarma.
Más de seis mil ancianos han muerto en residencias de Madrid a causa del covid-19 o por síntomas derivados de esta enfermedad, según datos de la Consejería de Sanidad. Las cifras no recogen los fallecidos en hospitales, por lo que se infiere que todos ellos lo hicieron en residencias, sin medios médicos para atender a los más vulnerables de la pandemia y sin apenas protección de sus profesionales.
Las recomendaciones del Gobierno regional se producen en el momento en el que los residentes de los geriátricos vivían en un auténtico estado de terror. En el punto más dramático de la pandemia, geriátricos desprovistos de medios: sin mascarillas, ni guantes, ni test, ni el más imprescindible medio necesario para atender a los ancianos, confinados en sus habitaciones del pánico. Los cuerpos de los fallecidos se amontonaban en residencias. Sólo hay que resetear la memoria y sentir de nuevo el dolor hasta en los tuétanos visionando aquellas imágenes. Y de esto hace apenas dos meses.
José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia, lo dijo hace unos días en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados: “Hemos llorado mucho. Hemos hecho lo indecible por nuestros mayores y dependientes, pero ustedes nos han abandonado en esta dramática situación. Todos ustedes”. Ahora toca asumir responsabilidades por aquella macabra gestión. En Madrid y en toda España porque el vicepresidente, Pablo Iglesias, como mando único, al margen de discursos gruesos como el de hoy, atacando a la Comunidad de Madrid y su presidenta, también tendrá que explicar cómo se coordinaron las decisiones, qué hizo o qué no hizo desde su responsabilidad para permitir la muerte de tantos miles de ancianos, residieran donde residieran.


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