Tres años después de haber modificado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la ley que regula la radio y televisión pública “para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos” (Ley 5/2017), el Parlamento aún no ha cumplido la obligación que le impone esa norma de elegir por concurso público el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE. Y el Gobierno actual, más allá de toda prudencia y paciencia ante las dificultades parlamentarias o sanitarias de estos últimos meses, tampoco ha mostrado ninguna voluntad política de impulsar que esta renovación se lleve a cabo. Ni la situación del anterior Gobierno socialista tras la moción de censura, ni la constitución de un Gobierno de coalición progresista hace nueve meses, ni siquiera la pandemia pueden justificar ya esta omisión y sus graves consecuencias.
Incluso en el caso, no comprobado, de un boicot de la oposición que impidiera lograr la mayoría parlamentaria de dos tercios necesaria para elegir esos cargos, la ley citada contempla una solución democrática e impecable: esa elección se podrá realizar por mayoría absoluta siempre que sean propuestos al menos por la mitad de los grupos parlamentarios: también existen soluciones legales para lograr la presencia equitativa de género en el órgano de control sin arruinar el concurso y la reforma audiovisual.
Tras 26 meses de una “dirección única”, supuestamente provisional, no solo no se ha avanzado en la resolución de los graves problemas de RTVE sino que, tanto la empresa pública como el mismo concurso, se encuentran en una nueva encrucijada que pone en duda su continuidad y cuestiona la viabilidad del servicio público de comunicación audiovisual. La misma titular de esa dirección única ha clamado reiteradamente por el cumplimiento de las previsiones legales. Está en juego no sólo la Corporación RTVE sino la supervivencia de todo el servicio público de comunicación y la credibilidad democrática del Parlamento.
Teledetodos, junto con otras muchas organizaciones periodísticas y de la sociedad civil, han denunciado durante años las contrarreformas y tergiversaciones de la reforma de RTVE de 2006, que deterioraron el papel social y la imagen democrática del servicio público; realizamos estudios y dictámenes, y planteamos propuestas detalladas de regeneración y reforma para actualizar la gestión de la Corporación RTVE, adaptándola a las necesidades y demandas de un servicio público en la era digital, a la transparencia y la participación de la sociedad civil en una sociedad democrática. Pero esas necesarias reformas no solo no han sido puestas en marcha sino que, por el contrario, han sido aplazadas reiteradamente, y ahora se incumplen además las previsiones de la Constitución Española (artículo 20.3) de su sujeción a la ley y las exigencias de la Unión Europea del cumplimiento de la definición legal y la financiación proporcional del servicio público (Protocolo de Amsterdam). Por coherencia y compromiso con el servicio público, en estas circunstancias no podemos dejar de denunciar su degradación en curso bajo el parlamento de la XIV Legislatura y del Gobierno de coalición progresista.
Es preciso reconocer que el servicio público estatal de radio y televisión español ha retrocedido en los últimos años en aspectos esenciales como la ausencia, por vez primera desde la transición democrática, de un Consejo de Administración elegido por el Parlamento que controle la gestión; la falta de vigencia de un mandato-marco que caducó hace tres años; el nunca negociado contrato-programa, o los recortes encadenados del presupuesto de gastos que hacen inviable la financiación de sus funciones y su vital transición digital. Factores todos ellos que inhabilitan la capacidad de competencia de RTVE frente a un duopolio privado de enorme potencia, a los que se suma que la prolongación anómala de la dirección provisional ha añadido nombramientos y ceses, y decisiones de programación que no casan con su provisionalidad y carecen de legitimidad política y democrática. En su conjunto, tales omisiones y decisiones han venido deteriorando sin cesar la imagen y las tasas de audiencias de RTVE, degradando su peso social hasta el punto de amenazar gravemente hoy la propia supervivencia del servicio público.
Muy diversas instancias europeas de comunicación han manifestado recientemente su preocupación por la dependencia gubernamental de los medios públicos en España y han instado a las autoridades españolas a designar a los administradores legalmente previstos para la Corporación RTVE, con el fin de “alcanzar el imperativo de imparcialidad de los medios públicos. Asimismo, se han producido numerosos pronunciamientos del Comité de Expertos que realizó el concurso público, de los candidatos seleccionados en ese proceso, de los órganos internos de participación de los trabajadores de RTVE y de numerosas entidades periodísticas y de la sociedad civil. Todo ello sin que la Comisión Mixta Congreso-Senado de control parlamentario de la Corporación de RTVE haya reaccionado ni aclarado siquiera los plazos y orientaciones de sus decisiones. Y con un confuso dictamen de los letrados del Senado, en el que obvian toda la reforma de 2017 para intentar retrotraernos a la época de los nombramientos por cuotas partidistas y militantes.
Por todo ello, Teledetodos y las demás organizaciones y personas individuales que han firmado este escrito han decidido volver a denunciar una situación que puede ser calificada al menos de alegal y claramente ignorante de la legalidad española y europea. Exigimos primero la culminación del concurso público como única vía creíble para comenzar a alcanzar la imprescindible imparcialidad e independencia gubernamental de los medios de comunicación estatales; y convocar después a una reforma integral del servicio público, con consenso y participación intensiva de la sociedad, que consolide su función y su rentabilidad social para el futuro.
Seguiremos Comunicando…
