El último anuncio del Gobierno contra las fake news ha sido interpretadocomo un ataque al derecho a la información. El sector en masa ha reaccionado de manera inmediata tras conocerse la aprobación de un procedimiento de actuación contra la desinformación.
Una decisión que se interpreta como una intervención del Gobierno para controlar los contenidos de los medios de comunicación. La encargada será una comisión permanente formada por miembros del Departamento de Seguridad Nacional, el CNI, el Gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes, entre otros.
La incertidumbre creada ante las funciones de este Comité Gubernamental ha provocado que todas las asociaciones periodísticas hayan mostrado su disconformidad contra este anuncio. En el caso de la FAPE, se ha mostrado preocupada por las consecuencias que pueda acarrear el ejercicio del periodismo ante esta Comisión. Por este motivo, la federación dirigida por Nemesio Rodríguez, quiere recordar al Gobierno que son los periodistas y lo medios los que deciden “qué es noticia y qué no y qué es lo que se publica o no”. Añaden además que “un comité, y mucho menos uno gubernamental, nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio”.
La FAPE, la APM y la AMI unidas contra la propuesta del Gobierno contra la desinformación
En la misma sintonía se ha mostrado la APM. Desde la asociación que preside Juan Caño, aseguran que toda lucha contra la desinformación es bienvenida. Sin embargo, discrepan en las formas presentadas por el Gobierno y alertan del peligro: “El riesgo obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad”. Además, apunta que un exceso de regulación supone una merma de libertar, por lo que propone la autorregulación de los propios medios de comunicación.
La Asociación de Medios de Información ha alertado que esta propuesta supondría una vulneración del espíritu del artículo 20 de la Constitución. Establecer niveles de activación que podrían llegar a la “toma de decisiones y coordinación a nivel político en el marco del sistema de seguridad nacional”, como indica la publicación en el Boletín Oficial del Estado, podrían conllevar la asunción de facultades que solo corresponden al poder judicial, apuntan mostrando el rechazo unánime de la profesión ante esta propuesta.
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