El preso político Y periodista Roland Carreño fue trasladado de urgencia la noche del lunes 06 de septiembre a un hospital en Caracas para ser atendido tras sufrir una crisis hipertensiva. Además el comunicador venezolano presentó neumonía bilateral, resultando positivo a covid 19.
Su abogada Ana Leonor Acosta confirmó que Roland Carreño fue trasladado desde su centro de detención hasta el centro de salud.
Por otro lado, la hermana de Roland, Mary Carreño responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro del deteriorado estado de salud del comunicador.
Carreño fue detenido “en flagrancia” en octubre de 2020 cuando presuntamente, portaba armas para “promover acciones violentas”. Al comunicador se le imputó la comisión de los delitos de: financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra. Además de “asociación para delinquir”.
El fiscal general del régimen venezolano, Tarek William Saab, aseguró que el periodista “es el principal financista de Voluntad Popular (partido político al que pertenece Juan Guaido). Al momento de su detención llevaba 12.000 dólares en efectivo. Además en su celular encontramos conversaciones que daban cuenta del reparto de otros 60.000 dólares para actos de conspiración”.
En julio, el representante diplomático de EEUU para Venezuela, James Story pidió su liberación: “Hoy, Carreño cumple 9 meses de detención injusta. Un Gobierno democrático respeta e incluye a la prensa, no busca intimidarla y mucho menos encarcelarla. Roland Carreño y muchos otros deben estar libres“.
EL CENTRO DE RECLUSIÓN DE ROLAND CARREÑO
El comunicador y activista político venezolano está recluido desde el momento de su detención en el Helicoide, en la ciudad de Caracas. Este lugar es uno de los centros de detención preferidos del régimen de Nicolás Maduro para políticos.
El caso de Carreño revela que el Gobierno de Maduro ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Misión de la ONU. Dicha instancia en su informe exigió a las autoridades «acabar con las desapariciones forzadas y permitir que las personas detenidas informen inmediatamente a sus familiares u otras personas de su detención y su paradero». Además «permitir el acceso inmediato a la representación legal». Asimismo, exigió que «ninguna persona sea arrestada o detenida excepto en cumplimiento de una orden judicial o en el acto de cometer un delito» y «llevar a cabo una revisión judicial sistemática de la legalidad de las detenciones».
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