El pasado 01 de marzo la periodista Ximena Pinto, quien hasta el 24 de febrero fungía como Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), renunció a su cargo. Ello tras denunciar que el presidente de la PCM, Aníbal Torres le solicitó excluir a Canal 4, del Grupo El Comercio, de la contratación de publicidad estatal. Esto para la campaña escolar en canales de televisión.
Según Pinto, luego de aprobar el plan de estrategia publicitaria de la campaña escolar, Torres le pidió explícitamente que no incluya a medios del Grupo El Comercio.
La periodista y ex funcionaria señaló al respecto: “esta campaña [escolar] es importante porque se habían hecho unas encuestas en el mes de enero. Ya estaba diseñada y todo basándose justamente en esas encuestas. Las mismas manifestaban, por ejemplo, que en la región Lima hay más de 50% de descontento o de desconfianza en el inicio de las clases presenciales”.
Hablan los expertos…
Por otro lado, según Roberto Pereira abogado experto en temas de libertad de expresión y asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú: “Torres habría contravenido la Convención Americana de Derechos Humanos. Ello al proponer excluir al Grupo El Comercio de la asignación de publicidad estatal. Si se comprueba que hubo un intento de utilizar fondos del Estado para fines diferentes a los previamente presupuestados, se estaría configurando la tentativa del delito de malversación. Ello de acuerdo con el Código Penal peruano”.
De igual manera, sobre este tema, Zuliana Lainez presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) explicó: “el modelo de distribución de publicidad estatal en Perú hay que reformularlo de manera urgente, se tiene que descentralizar. Lamentablemente la publicidad estatal se sigue utilizando con criterios poco técnicos. Además esto ya no es una cuestión de este gobierno, ha sido una crítica mantenida por lo menos de los últimos tres o cuatro gobiernos”.
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