Este lunes 16 de mayo, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un nuevo proyecto en el cual se reemplaza la palabra “mujer” por el término personas menstruantes. A partir de ahora esta iniciativa pasa al Senado de la nación de América del Sur.
Con este polémico proyecto se busca imponer en el parlamento chileno la «neolengua progre». Ello gracias a la coalición del presidente Boric. El comunicado donde informan de la aprobación, la Cámara de Diputados de Chile indica que aprobó el proyecto que garantiza los derechos de las personas menstruantes. Además afirma que dicha propuesta señala que el Estado “reconoce que las personas con capacidad para menstruar son titulares del derecho a una gestión menstrual libre y digna. Por esto, se debe apoyar, favorecer y promover políticas públicas que generen su adecuado ejercicio”.
La Cámara de Diputados en el comunicado explica que el concepto de personas menstruantes incluye a cualquier ser humano que esté en situación de menstruar. Desde este punto de vista, consideraron que la palabra “persona” es la adecuada en este proyecto”
Las opiniones contradictorias de las personas menstruantes
La diputada republicana Chiara Barchiesi señala que se trata de «proyecto ideológico. Controlando el lenguaje controlas el pensamiento». La parlamentaria además alega que las mujeres «han sido borradas e invisibilizadas cuando somos las únicas que atravesamos el proceso biológico de la menstruación».
Por otro lado, Emilia Schneider, también diputada, precisa que el término de «mujer» sería manipulado en favor de hombres trans. También por personas no binarias u otras variantes de género, quienes biológicamente han nacido con sexo femenino. Sin embargo, estos no se identifican con el mismo.
El Proyecto
Este proyecto de ley lo introdujo en septiembre de 2021 la entonces diputada Maya Fernández al congreso chileno. En ese entonces contó con firmas de sectores transversales en la Cámara Baja.
Esta iniciativa plantea que «el Estado de Chile reconoce que todas las personas con capacidad para menstruar, independientemente de su condición, son titulares del derecho a una gestión menstrual libre y digna». Además señala: «es deber del Estado apoyar, favorecer y promover las diversas políticas públicas que se generen para su adecuado ejercicio».
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