Según afirmó la ministra de Igualdad, Irene Montero cuando el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Salud sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, “todas las mujeres deben poder acceder al derecho a interrumpir de forma voluntaria su embarazo en el centro más cercano de la red pública y, por tanto, efectivamente, siempre tendrá que haber personal disponible”.
Pero bien, para todo eso, según explicó Montero, “tenemos, por tanto, que regular la objeción de conciencia, igual que ya lo hemos hecho, por ejemplo, en la ley de eutanasia para garantizar ese derecho constitucional. Una vez sepamos quién es ese personal sanitario, tanto en la privada como en la pública, que objeta a la hora de realizar interrupciones voluntarias del embarazo, cada centro hospitalario y cada comunidad autónoma tendrá que garantizar que hay siempre personal disponible para practicarlas”.
Ahora bien, como se ha podido comprobar en la memoria del impacto de la norma, estas características ligadas a la nueva ley del aborto implicarán un impacto presupuestario para el conjunto de las administraciones públicas que asciende a 132.929.915 euros anuales.
Un gasto, respecto al que el Gobierno apunta que es importante tener en cuenta que “los costes varían según cada centro acreditado y las características de la intervención y de la mujer” a lo que añade que, “si el embarazo supera las 12 semanas, el precio de la intervención se incrementa de manera muy variable dependiendo del número de semanas, las condiciones de salud y el riesgo que implica la intervención”,
Incapacidad laboral
Pero, para especificar mejor el gasto que supondrá esta nueva ley en general, Europa Press ha puntualizado en concreto, cuáles son las iniciativas que incorpora y que tendrán mayor impacto presupuestario. Según la agencia se trata de las situaciones que regulan incapacidad para la mujer.
En esta línea, el Gobierno calcula que la baja temporal por contingencias comunes desde la semana 39 del embarazo supondrá 57,1 millones de euros al año; mientras que la baja temporal por menstruaciones dolorosas e incapacitantes tendría un impacto presupuestario de 23,8 millones de euros anuales. “Unos costes muy significativos en bajas por incapacidad temporal debido a estas causas”.
Por otra parte, el Ejecutivo recoge que otras iniciativas, como consolidar la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva en todas las fases del ciclo vital; la Alta Inspección que verifique el cumplimiento de la norma; la creación de la Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva; o la puesta en marcha de programas y campañas, no tienen impacto presupuestario según el documento del Gobierno.
Seguiremos informando…
