La nueva Ley de Libertad de Medios con la que Europa quiere asegurar una competencia justa entre los medios de comunicación en la UE, ha sido recibida por el Consejo Europeo de Editores con bastante expectación. Y es que, hay que recordar que esta ley pretende conseguir una transparencia total sobre el reparto de publicidad institucional y sobre el funcionamiento de los diferentes sistemas de medición de audiencias.
Es importante recordar que, actualmente, el Consejo Europeo de Editores agrupa a los principales actores del continente en la industria de los medios, representados por sus presidentes o consejeros delegados.
Y bien, ante el texto preliminar de esta ley al que ya tienen acceso todos los medios, la directora ejecutiva del EPC, Angela Mills ha advertido de que “existe una línea muy fina entre el establecimiento de principios y garantías para sustentar la libertad de prensa y la regulación estatal de la prensa, y es esencial que la nueva ley no la cruce“. Unas palabras que hacen referencia, en concreto, a uno de los aspectos que aborda la ley y que se refiere al establecimiento de un Consejo Europeo de Medios que permita supervisar la operativa de las publicaciones.
Asimismo, las palabras de la editora son respaldadas por el colectivo de editores que cree que si periódicos, revistas y otras publicaciones independientes pasan a estar vigilados por esos organismos en términos operativos e incluso editoriales ya no existirá prensa exenta de la influencia de los gobiernos y por tanto, no existiría libertad. Por ello reclaman a los legisladores que mantengan el estatus de autorregulación supeditado a la ley y apelable ante los jueces que sigue funcionando en la actualidad.
Según Mills “la prensa libre ya mantiene los estándares periodísticos y de gobierno más elevados”, por lo que considera inadecuado aumentar la actividad de los reguladores que existen en cada país con el fin de auditar a los medios audiovisuales que operan con licencia.
Son varios los puntos que generan conflicto
Para los miembros del EPC hay otros aspectos que contempla esta ley que no son positivos para su profesión, como por ejemplo, la idea de un “mercado interno”. Un punto sobre el que Mills, su directora ejecutiva, considera que “ignora por completo la excepción mediática y cultural, la competencia de los estados miembros sobre la regulación de los medios y las diferencias en cultura, idiomas y tradiciones legales”. Una cuestión clave en asuntos como el de la desinformación y su posible promoción desde medios financiados por los propios estados como palanca para el poder político.
Además, el Consejo Europeo de Editores reclama normas claras que no den lugar a equivocación, para evitar que las plataformas eliminen contenidos legítimos de medios en base a sus normativas internas. Una cuestión que el proyecto de ley ha tenido en cuenta, indicando que esas compañías siempre deberán informar a los medios sobre los motivos por los que puedan haber borrado parte de su trabajo, obligándoles a su vez a atender de manera prioritaria los recursos realizados por estos últimos al respecto de este tipo de sucesos.
El texto también atiende a la necesidad de supervisar las fusiones sobre el pluralismo y la independencia editorial, lo que en España se traduce en los riesgos que instituciones como el Centre for Media Pluralism and Media Freedom encuentra en la concentración de televisiones y radios.
Por el momento, el colectivo afectado no ha hecho referencia a ningún otro aspectos importante de la propuesta como puede ser: la imposición de transparencia en el reparto de publicidad institucional o la metodología utilizada en la medición de audiencias.
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