Recientemente, LLYC presentó el informe “Democracia y populismo: tendencias en los asuntos públicos en 2023” en el que se define al lobby como un acto legítimo de participación pública que se está convirtiendo en el principal agente transformador de la política pública y regulatoria. ¿Hacia dónde camina esta actividad en los próximos meses? ¿Cómo se está adaptando a las nuevas tecnologías? ¿De qué forma impacta en el negocio y la reputación de las empresas? Son algunas de las preguntas a las que da respuesta el informe, pero en PRNoticias hemos querido saber más.
Para ello, hemos entrevistado a Carmen Muñoz, Directora Senior de Asuntos Públicos en LLYC y una de las principales responsables del informe. Partiendo del informe… ¿qué más debemos saber sobre el sector del lobby en España?
¿Hacia dónde camina verdaderamente esta actividad en los próximos meses?
El lobby en 2023 será más tecnológico, a través de la integración de la inteligencia artificial para ganar en eficiencia y automatización de las tareas y de la ingeniería de datos (data-driven lobbying), será más medible y técnico, y más de guerrilla. Y, aunque pueda parecer contradictorio decir que será más técnico y que será más de guerrilla, en realidad, no lo es. El contexto anima a la diferenciación y ambas palancas ayudan.
El informe dice que en 2023 la actividad será, entre otras, más de “guerrilla”. ¿Por qué exactamente?
Porque son muchos los grupos de interés que quieren influir en una agenda política limitada por el año hiper-electoral; limitada tanto en la cantidad de asuntos que el decisor podrá acometer como por el tiempo para poder hacerlo. Venimos viendo cada vez más un lobbying de campaña, de movilización y de activismo que, en año electoral, tendrá más sentido que nunca, buscando llamar la atención sobre algunos temas, diferenciarse y acelerar decisiones.
¿La tensión entre populismo y democracia es la principal constante… también en España?
Es una constante a gestionar, sí. No es nueva, pero es tremendamente compleja y muy lesiva para mercados que buscan seguridad jurídica, eficiencia, crecimiento y acompañamiento a la innovación. Por eso, las empresas y las organizaciones tratan también de hacer una aproximación pedagógica a los grandes retos y renuncias que significa para los Estados y la ciudadanía tanto la compulsión decisoria en el corto plazo (efectismo y obsolescencia regulatoria) como la inhibición de las decisiones del medio plazo.
ChatGPT y Asuntos Públicos, ¿dónde está la convergencia? ¿Y la divergencia?
ChatGPT, como cualquiera de las herramientas que iremos conociendo de inteligencia artificial, trae consigo nuevas perspectivas para la función. Se trata de experimentar con estas herramientas y conocer sus bondades y sus límites y de hacerlo con todo el sentido común y compromiso ético posible. La realidad es que muchas de las funciones básicas se podrán automatizar, y la realidad es también, al mismo tiempo, que la mirada humana (del experto) será más importante que nunca a la hora de trabajar. Estamos inmersos en un proceso de aprendizaje que no ha hecho más que empezar. Bueno será asistir a estos desarrollos con humildad, con curiosidad y con el mismo compromiso con la profesionalidad, la ética y el rigor que ha marcado la actividad de los últimos años, tanto a través de los códigos deontológicos (APRI, EPACA, PACE, etc.) como de los contratos laborales que tenemos firmados los profesionales de los asuntos públicos.
Lobbying indirecto, ¿de qué se trata y cómo se está aplicando en España?
El lobbying indirecto es el intercambio de información que busca incidir en la política pública o regulatoria a través de un trabajo sobre expertos, asociaciones o la opinión pública y la opinión publicada (que la propia OCDE llama “journo-lobbying”), principalmente. Ese trabajo “indirecto” importa cada vez más, porque el decisor está altamente influenciado en su decisión por lo que opinión los expertos, los medios o las redes sociales y todos ellos son ámbitos que el lobbying no puede dejar al margen de su acción.
¿De qué manera es medible hoy el impacto de los Asuntos Públicos? ¿Qué haría falta para evolucionar en este aspecto?
El lobbying, como cualquier actividad corporativa, se puede medir por desempeño y por resultados. El gran reto está en medir el impacto del lobbying sobre negocio y/o reputación. En este empeño estamos varios actores trabajando. Desde LLYC tenemos un grupo de trabajo con la Universidad de Málaga que esperemos pueda finalizar su trabajo en este año.
Este año tendremos elecciones municipales, ¿cómo está impactando ya en el sector de los Asuntos Públicos de cara a las grandes empresas y grupos de interés?
Dependiendo de las industrias y de los asuntos, el interés sobre las elecciones municipales crece. Hay industrias con fuerte presencia territorial e industrias o sectores muy condicionados por las decisiones locales. Resumiéndolo mucho, estos reclaman sobre todo información de contexto, información prospectiva (escenarios de gobernabilidad), acercamiento a actores clave e incidencia sobre programas electorales, que no es otra cosa que compartir con los equipos de campaña el punto de vista y posición de un sector o de un operador ante los retos que se vienen en la nueva legislatura.
¿Cómo pueden prepararse las pequeñas y medianas empresas ante este escenario? ¿Hay algo que les pueda recomendar?
En los últimos años se ha producido un proceso de “democratización” del lobbying que ha facilitado que las pequeñas y medianas empresas actúen legítimamente de los procesos de participación pública. Eso es ya un avance. Porque se está normalizando y es que, efectivamente, la actividad del lobbying no es sólo un activo de la gran empresa y los registros de grupos de interés que se van creando evidencian la enorme diversidad entre actores. Siempre recomendamos el acercamiento a través de las asociaciones sectoriales, de enorme valor, y de la búsqueda de aliados potenciales con los que se pueda sumar fuerzas. Dependiendo del volumen y de la complejidad o dimensión del proyecto para la empresa, el camino será intermediado por las asociaciones o activado como grupo de interés individual.
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