Juan Luis Font es un periodista Guatemalteco que ha ejercido su profesión durante 33 años, fue miembro fundador del diario elPeriódico –cerrado el pasado 15 de mayo por hostigamiento– y director del mismo durante 17 años.
A pesar de que hace un año y medio se vio obligado a exiliarse en los Estados Unidos debido a la persecución de la que es objeto, continúa haciendo periodismo a través de su programa radial de análisis y debate Con Criterio, que se transmite a diario a través de internet y, los domingos por la noche, en televisión.
Font es un reconocido analista político y uno de los periodistas perseguidos en Guatemala por investigar y sacar a la luz hechos de corrupción cometidos desde el gobierno de ese país. Para conocer de cerca su caso y su visión sobre la situación de los periodistas en Guatemala, hemos sostenido una entrevista exclusiva, que nos ofrece un panorama de la indefensión e injusticia en la que se encuentran los periodistas guatemaltecos que se han dedicado a investigar y denunciar la corrupción.
Embate en contra de la libertad de expresión
El comunicador afirma que en Guatemala existe un embate, por parte del gobierno, en contra de la libertad de expresión y la prensa independiente. “Ese embate lo que busca es desincentivar, atemorizar a los periodistas, para que no se ocupen de investigar la corrupción, para que no se ocupen de documentar y encontrar pruebas suficientes de la corrupción que tendría que ser punible en el país. Y hay un esfuerzo por castigar aquellos que han cumplido con ese papel, porque eso les ha costado cárcel y que les incauten sus propiedades a muchos corruptos”, señala.
En tal sentido, indica que lo que actualmente están viviendo muchos periodistas que al igual que él han denunciado la corrupción, se trata de una represalia. “En Guatemala estamos viviendo una retaliación por la lucha contra la impunidad y la corrupción, que se produjo hace cosa de siete años. A muchos operadores de justicia como fiscales, magistrados, jueces y periodistas nos está tocando enfrentar este embate”, dice y agrega que buena parte de ese grupo ha salido de Guatemala y ha podido ponerse a buen resguardo, aun cuando han tenido que sobrellevar las dificultades propias del exilio.
“Quienes se han quedado en el país como José Rubén Zamora y Virginia Laparra –abogada detenida en febrero de 2022, con denuncias sin fundamento en su contra y tras denunciar a un juez por actos de corrupción-, sufren unos procesos judiciales en donde no se les permite defenderse y sufren un trato cruel y vejatorio adentro de las prisiones”, comenta Font.
Asimismo, continúa la persecución en contra de los periodistas del medio elPeriódico, tal y como se muestra en el siguiente tuit, compartido por Font en su cuenta de Twitter, en el que se puede ver la solicitud que hace el Ministerio Público:
Venganza y retaliación por vía del sistema de justicia
Font explica que, en particular, ha sido mencionado en cuatro casos distintos y en ninguno han podido formularle cargos. Sin embargo, uno de los casos –el que más llegó a avanzar- fue el motivado por la acusación del ex ministro guatemalteco de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, involucrado en hechos de corrupción y antiguo prófugo de la justicia.
Sinibaldi le acusaba de haber recibido de su parte 400.000 dólares a lo largo de dos años para ofrecerle prensa favorable a él. “Las dos redacciones que yo coordiné en ese período demuestran, en cambio, que nuestra cobertura hacia él fue sumamente negativa y que publicamos, al menos, nueve reportajes de investigación que reflejan corrupción y malos manejos en su ministerio”, detalla Font.
Asimismo, precisa que Sinibaldi estuvo prófugo durante un período de tres años y que se le han incautado una gran cantidad de propiedades en Guatemala y, aproximadamente, siete millones de dólares. “Es una persona que formó fortuna a partir a partir de su paso por el gobierno, fue objeto de mucha cobertura e investigación… es demostradamente un hombre corrupto, pero ahora, en el régimen de Guatemala, está viendo ciertos beneficios”, señala el periodista.
Font asegura que las acusaciones en su contra han sido motivadas por un esfuerzo de venganza y retaliación. “Todas las personas que trabajamos a favor o que le dimos cobertura, los operadores de justicia que llevaron adelante los casos contra la corrupción entre 2015 y 2018 estamos siendo perseguidos y sometidos a un régimen de persecución y de venganza por vía del sistema de justicia”, destaca.
Al respecto, añade que el expresidente Jimmy Morales, que fue quien inició con esas acciones, lanzó esta semana un vídeo en el que dice “La venganza será mía, dice el Señor”. “Se refiere a nosotros, a quienes hemos tenido que salir del país, porque en Guatemala no tenemos oportunidad de defendernos y eso se demuestra con el caso de José Rubén Zamora”, dice.
En 2019, el ex presidente Jimmy Morales expulsó del país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que trabajaba conjuntamente con la Fiscalía especial Contra la Impunidad (FECI). Y, desde entonces, ha aumentado la impunidad en ese país, se ha debilitado el Estado de Derecho y proliferan los casos de persecución y acoso hacia los defensores de los Derechos Humanos y periodistas, así como hacia jueces y fiscales independientes.
Sin posibilidades de defensa
Font explica que a pesar de que ofreció a la justicia guatemalteca que revisen sus movimientos e instrumentos bancarios para que puedan verificar que no ha recibido ningún dinero de manera ilícita, dicha verificación nunca fue realizada. En lugar de ello, se emitió una orden de arraigo –prohibición de salida del país- en su contra.
“Les ofrecí: revisen mis cuentas bancarias, mi estado patrimonial, revisen mis tarjetas de crédito para ver si en el período en el que se me acusa de haber recibido dinero hubo algún cambio en mi patrón de gastos, a pesar de todo eso, simple y sencillamente, piden una orden de arraigo en mi contra y van en contra de mi abogado por haber solicitado ante una juez que conociera el caso”, explica.
La orden de arraigo era una medida que le prohibía salir del país entre noviembre y diciembre de 2021, luego fue revocada a solicitud de sus abogados, dado que demostraron que la misma era ilegal. “Cuatro meses después yo decidí salir del país porque las condiciones eran cada vez más apremiantes”, indica.
El caso de Zamora está siendo utilizado para atemorizar
En cuanto al encarcelamiento del Periodista José Rubén Zamora y la solicitud de una condena por 40 años, aseguró que es un caso que está siendo utilizado como ejemplo para el resto de comunicadores, dado que se trata de uno de los periodistas guatemaltecos con más reconocimiento en el país y que ha sido premiado en diversas oportunidades –por ejemplo, en 2021 recibió de manos de Felipe VI el Premio Rey de España al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica.
“Si la persona con más reconocimiento en el país, que tiene los mayores galardones de prensa del mundo, que ha recibido el premio Rey de España al periodismo de manos del propio rey, ellos pueden ponerlo en la cárcel, obligarlo a cambiar diez veces de abogado, impedirle presentar pruebas en su defensa… por supuesto que eso atemoriza a cualquiera y te hace pensar que son muy pocas tus posibilidades de enfrentarte al Estado”, enfatiza.
“Yo mismo, no creo que tenga ninguna posibilidad de defensa si me presento. Yo creo que no tengo derecho de defensa, no tengo posibilidades de defenderme justamente en mi país”, concluye.
Seguiremos Informando…
