Este miércoles durante su intervención en el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif señaló que desde inicios de marzo hasta la fecha, su despacho ha documentado diversos casos de graves violaciones a las garantías fundamentales en Nicaragua, cometidas por funcionarios del Estado.
Explicó que la situación forma parte de un contexto “de deterioro constante de la situación general de los derechos humanos” y que entre los factores que impiden el ejercicio y disfrute de estos derechos de forma plena en ese país, están las restricciones del espacio cívico y un desmantelamiento progresivo del estado de derecho, situación que afecta especialmente a quienes tienen opiniones disidentes.
Advirtió que en Nicaragua “persiste el silenciamiento de las voces críticas en un contexto de miedo y hostigamiento generalizados por parte de las autoridades, que prácticamente no deja espacio para ningún debate público abierto e inclusivo”, denunció Al-Nashif.
Detenciones arbitrarias: una de ellas el periodista Víctor Ticay
Recordemos que entre las detenciones arbitrarias que han sido llevadas a cabo en Nicaragua, está la del periodista Víctor Ticay, corresponsal de la televisora nicaragüense Canal 10, quien permanece en prisión desde el pasado Jueves Santo, tras grabar y publicar una procesión en redes sociales. Este comunicador fue ha sido acusado por el estado de Nicaragua por los supuestos delitos de “traición a la patria y ciberdelito”.
Ya a principios de marzo, la ONU presentó un informe en el que señalaba que entre los abusos cometidos por el funcionariado de Nicaragua se enumeran: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y privación arbitraria de la nacionalidad, que forman parte de la destrucción del espacio cívico y democrático en ese país.
Al-Nashif detalló que en los dos últimos meses se han detenido de forma arbitraria de opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, así como representantes del movimiento campesino y de la Iglesia Católica.
Criminalización de la oposición y de los defensores de DD.HH
Recordó que el pasado 3 de mayo fueron detenidas 63 personas de forma arbitraria, de las cuales 55 resultaron acusadas de conspiración “para atentar contra la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.
Especificó la subtitular de la Alta Comisaría que “estos delitos son utilizados habitualmente por las autoridades para criminalizar a la oposición política y la labor legítima de las personas defensoras de los derechos humanos, utilizando para ello el sistema judicial”, dijo.
Ante esto, hizo un llamado al gobierno nicaragüense para que ponga fin a las medidas que erosionan el estado de derecho, el espacio cívico y los derechos humanos.
Exigió, asimismo, liberar inmediatamente a todas las personas privadas de libertad, restablecer los derechos de quienes se les arrebató la nacionalidad -un grupo de más de 120 personas, 22 de ellas periodistas-, detener la persecución a la iglesia católica y restituir la personalidad jurídica de todas las asociaciones, medios de comunicación y universidades canceladas arbitrariamente desde 2018.
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