En la Tierra a miércoles, 24 abril, 2024

PREOCUPA ESPECIALMENTE LA INTERVENCIÓN DIRECTA DEL GOBIERNO EN EL ANÁLISIS INFORMATIVO

SIP advierte sobre una posible instauración de mecanismos de censura en Chile

GOBIERNO CHILENO CREA COMISIÓN ASESORA CONTRA LA DESINFORMACIÓN

Imagen: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

En relación con la reciente creación en Chile de una Comisión Asesora contra la Desinformación, el presidente de la SIP, Michael Greenspon advirtió: “Las comisiones, los observatorios u otras formas gubernamentales de vigilancia siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa”

Ante la reciente creación de una Comisión Asesora contra la Desinformación dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que “se podría caer en la tentación de instaurar mecanismos de censura”.

El Gobierno de Chile publicó el decreto de creación de dicha comisión en el Diario Oficial de ese país el 20 de junio y según indica en su Artículo 1: “tendrá el objetivo de asesorar a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) en temas sobre desinformación y calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales, y hará recomendaciones sobre políticas públicas”.

Asimismo, señala la ordenanza que la Comisión se dedicará a funciones relacionadas con el impacto de la desinformación en la calidad de la democracia; la educación y desinformación (alfabetización digital); la desinformación en plataformas digitales; las buenas prácticas internacionales y las políticas públicas relacionadas con la desinformación.

Preocupa la intervención directa del gobierno en el análisis informativo

Al respecto, el presidente de la SIP, Michael Greenspon, expresó su preocupación, pues según explicó, el hecho de que el gobierno intervenga en el análisis de información para aconsejar políticas públicas, podría afectar negativamente a la libertad de prensa.

 “Más allá de lo loable que puedan parecer los objetivos, debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión, medios o periodismo. Las comisiones, los observatorios u otras formas gubernamentales de vigilancia siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa”, advirtió Greenspon.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, manifestó que desde el organismo respaldan las iniciativas dirigidas a la alfabetización digital y en contra de la desinformación, no obstante, le preocupa que dicha comisión pertenezca al Estado.

 “Como organización favorecemos que los gobiernos promuevan la alfabetización digital y que los legisladores exploren la adopción de políticas públicas para combatir la desinformación”. Sin embargo, agregó que “es muy distinto cuando el Estado crea una comisión propia, estudia y busca determinar, desde su óptica, lo más conveniente”, señaló Jornet.

“Los gobiernos no deben imponer medidas”

Greenspon y Jornet recordaron que tanto la Declaración de Chapaultepec como la Declaración de Salta, defienden las libertades de prensa y expresión como principios esenciales de la democracia y es por ello que “prescriben que los gobiernos no deben imponer medidas, para evitar la tentación de instaurar mecanismos de censura”, señalan.

Para combatir la desinformación, recomiendan al gobierno de Chile incentivar medidas de apoyo al periodismo, a los medios, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil, pero sin involucrarse en forma directa en las soluciones. “De esa forma -dijeron- dará mayor relevancia al tema, para que sea tratado con mayor apertura, diversidad y pluralidad en la sociedad”, aconsejan.

El decreto señala que la Comisión con la desinformación estará integrada por representantes de universidades, de planteles privados, miembros de una ONG o de la sociedad civil y un representante de una organización de chequeo de datos.

Seguiremos Informando…

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