La nueva ley migratoria implementada en Florida, vigente desde el 01 de julio, ha resonado con mucho más fuerza en los últimos días en los distintos medios en español de los Estados Unidos. Se trata de la ley migratoria SB 1718 de Florida, firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis en mayo y que afecta a los inmigrantes indocumentados que hacen vida en ese estado.
Entre los temas que más se destacan están las consecuencias que esta ley tiene entre los inmigrantes en situación irregular, por lo que muchos de ellos se están viendo forzados a huir hacia otros estados por miedo a ser deportados; las posibles sanciones a los empleadores de estas personas; la repercusión en la salud de esta población y las consecuencias que puede traer para la economía local el no contar con esta mano de obra.
Entre otras cosas, este instrumento legal establece una pena de hasta 30 años de cárcel a quienes trasladen personas indocumentadas, prohíbe el uso de licencias de conducir emitidas en otros estados del país y establece que los centros de salud deben preguntar por el estado migratorio de pacientes y reportarlos si se encuentran en situación irregular, informó Univisión Noticias. Esto último podría tener un impacto negativo en la salud, pues podría ocasionar que, por miedo, las personas en situación migratoria irregular eviten acudir a recibir atención médica para ellos y sus hijos, incluso en los casos en que estos hayan nacido en territorio estadounidense, explica la ONG KFF.
De esta forma, las personas que residen y trabajan en el estado de Florida y no poseen un estatus migratorio dentro de la legalidad, se encuentran frente a grandes dificultades, mientras que sus empleadores, e incluso quienes les transporten, también podrían verse afectados.
Además, se ordena a las empresas que tengan más de 25 empleados el uso la aplicación de verificación federal E-Verify, en la que se constata el estatus migratorio de los empleados. Una empresa podría enfrentarse a multas de hasta 10.000 dólares por cada empleado sin permiso de trabajo, incluso podría revocársele la licencia de operación.
“Ya saqué a toda mi familia de Florida. Sin nuestra mano de obra no sirve US”
Los afectados por la ley han salido a protestar a las calles los días previos a su entrada en vigor, debido a que presiona a miles de trabajadores indocumentados a trasladarse a otros estados para poder trabajar y no ser deportados, o para proteger a sus familiares con otros estatus migratorios.
En el estado de Florida hay unos 800.000 trabajadores del campo, la mayoría de México y Centroamérica, según estimaciones de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (Farmworker Association of Florida), asimismo, según sus cálculos, entre 8 y 10% de los trabajadores ya se han marchado del estado ante la incertidumbre.
Jessica Ramírez, representante de la asociación, aseguró que “hay mucho nerviosismo, angustias e incertidumbre. La gente no sabe qué va a pasar a partir de ahora y tampoco sabe con certeza cómo se va a implementar esta nueva ley y a qué nivel”, dijo a Univision Noticias.
Muchos de estos trabajadores, quienes prefieren mantenerse en el anonimato para evitar el riesgo de ser perseguidos, expresan en redes sociales sus temores y sus palabras de despedida, pues ya se han marchado o están en proceso. Por ejemplo, uno de ellos dice: “Ni porque me paguen el doble regreso a Florida. Carolina (del Sur) es mejor”. Otro expresa: “Yo no más, ya saqué a toda mi familia de Florida. Sin nuestra mano de obra no sirve US”.
¿Cómo se verá afectada la economía?
Aunque se dice que varios legisladores republicanos indicaron que la ley migratoria sólo se hizo para atemorizar y evitar que más indocumentados llegaran al estado de Florida, y que no tienen intención de perseguir a quienes tienen trabajo, persiste la duda y la incertidumbre sobre el alcance del instrumento legal.
Lo que sí se sabe, según han indicado los mismos empleadores y expertos a los medios locales, es que la economía del estado de Florida podría verse afectada.
Un informe del Florida Policy Institute indica que los sectores de la economía que serán más afectados por la ley SB 1718 son la construcción; los servicios profesionales (científicos, gerenciales, administrativos y de manejo de residuos); servicios en general (alojamiento y alimentación, artes, entretenimiento y recreación); comercio al por menor y agricultura.
En concreto, y de acuerdo con los datos de la ONG KFF, los inmigrantes que aún no poseen la ciudadanía representan el 11 % de la fuerza laboral general del estado, pero están presentes en una mayor proporción en industrias como la agrícola (37%), construcción (23%), servicios (14%) y transporte (14%). “Los impactos de la pérdida de trabajadores en estas industrias pueden tener un efecto dominó mayor en la economía del estado y más allá”, refieren desde KFF.
Los empleadores temen perder empleados importantes
Un experto entrevistado por CNN en español, el profesor Fernando Tamayo, de la Universidad de Miami, afirma que “los empleadores de Florida dependen de los trabajadores migrantes”, y explica que muchas de las familias inmigrantes están compuestas por miembros con distintos estatus migratorios y, aunque el trabajador principal del hogar tenga un estatus regular, puede ser que otros miembros de su familia no.
“Los contratistas de estas empresas que tienen que reportar los datos de estos empleados al sistema, ellos tienen mucho temor de que van a perder trabajadores importantes y esto les va a impactar los negocios”, asegura Tamayo.
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