La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha rechazado, en sendos comunicados, la reforma al Código Penal de Perú y el proyecto de ley de transparencia en Panamá por considerar que atentan contra la libertad de expresión en estos países.
En el caso de Perú, la SIP ha pedido al gobierno que retire el proyecto por considerar que “obstaculizará que periodistas y ciudadanos accedan a información pública y porque blindará casos de corrupción en la administración pública”. El presidente Laurentino Cortizo, a través del Ministerio de la Presidencia, presentó la iniciativa para derogar la ley de transparencia en vigencia desde enero de 2002, una de las primeras en América Latina.
“Es absurdo sustituir una ley de transparencia que ha funcionado en el país y que permitió luchar contra la corrupción de una forma ejemplar en toda la región”, ha dicho el presidente la SIP, Michael Greenspon.
Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó que la SIP se suma al reclamo de varias organizaciones civiles y periodísticas que criticaron que “no existió un proceso de consulta” para discutir una iniciativa que destrona los atributos que tiene la anterior de 2002.
De igual manera, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, expresó que “la modificación del Código Penal daría legitimidad a la criminalización de periodistas en Perú, quienes podrían ir a la cárcel por la cobertura de actos sociales que las autoridades consideren disturbios”. El director periodístico del diario argentino La Voz del Interior también instó al gobierno peruano a retirar el proyecto de modificación del Código Penal por cercenar derechos que están contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos y arraigados en las sociedades democráticas.
En el caso de Panamá, considera que tal reforma responsabilizaría y penalizaría a la prensa por informar sobre las protestas sociales que deriven en disturbios. La organización denuncia que la medida es contraria a principios internacionales sobre libertades de prensa, expresión y asociación.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte solicitó al Congreso la modificación del Código Penal para castigar penalmente a los instigadores de disturbios en manifestaciones públicas. La medida incluye como instigadores a creadores de contenido, usuarios de redes sociales y a periodistas y medios de comunicación que informen o compartan datos sobre convocatorias a protestas sociales.
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha pedido el archivo inmediato de la propuesta, mientras que el presidente de la SIP, Michael Greenspon, ha rechazado la reforma.
“En las sociedades democráticas, las libertades de prensa, expresión, reunión y protesta son derechos de acción individual y colectiva para expresar ideas, oposición o denuncias. Restringir esos principios atenta de forma flagrante contra las convenciones internacionales sobre derechos humanos”, ha dicho Greenspon.
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