La última propuesta del Gobierno ha dejado descolocados tanto a jueces como a periodistas. El pasado viernes, el Ejecutivo llevaba al Congreso una proposición de ley con la que pretenden, entre otras cosas, limitar la acusación popular en las actuaciones judiciales. Un objetivo que repercute directamente en la actividad periodística.
Desde el Gobierno pretenden modificar el artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal asegurando que el juez inadmitirá la querella cuando esté basada en “meras hipótesis sin un mínimo de fundamento de credibilidad o en informaciones periodísticas o contenidas en cualquier medio o canal de comunicación de difusión sin otros datos o elementos facticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados”.
Fuentes del sector no han tardado en mostrar su repulsa a este nuevo intento de amedrentar a la prensa. Asociaciones como la APM, que en otros ataques del Gobierno a la actividad periodística ha optado por dar cuartelillo o ponerse de perfil, ha mostrado su rechazo absoluto a esta iniciativa.
Manto de sospecha
Desde la asociación que preside María Rey, han emitido un comunicado en el que rechazan esta iniciativa que no hace otra cosa que extender “un manto de sospecha sobre las informaciones difundidas por los medios de comunicación, utilizadas por las acusaciones populares”. Argumentos que, a lo largo de los años, han sido la base de numerosos procesos judiciales que se han resuelto con condenas. La mayoría de ellos, en todo lo relacionado con casos de corrupción que afectan a diferentes partidos políticos.
También ha tenido la APM palabras de rechazo a Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, quien se ha referido a estos argumentos basados en informaciones periodísticas como “recortes de prensa”, insultando así al trabajo “serio y documentado” por parte de los periodistas.
Los jueces, también en contra
Pero las asociaciones periodísticas no han sido las únicas que han mostrado su rechazo a esta proposición de ley. Hasta cuatro asociaciones de jueces han criticado esta proposición del Gobierno, tachándola de inconstitucional. Una opinión a la que se ha unido Sumar, socio principal de Gobierno, asegurando que la acusación popular se ha constituido siempre como un avance democrático contra la corrupción.
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