A Cristóbal Montoro ya no le debe dar la misma risa que cuando anunciaba subidas de impuestos, saltándose las promesas electorales del Partido Popular. Su imputación, así como la de una pléyade de segundos a su servicio, ha abierto las puertas del infierno.
Y los diablos ya andan rondando. Gentes que han vivido en la desenfilada andan estos días preocupadas por la posibilidad de que la onda expansiva llegue a sus tranquilas vidas. Otras, sin embargo, se han levantado de las tumbas para afilar los cuchillos y cobrarse una deuda pendiente con Montoro y quienes, a su juicio, le protegieron en el seno del Gobierno de Mariano Rajoy.
En algunas redacciones Montoro se ha convertido en la prioridad número 1. El pésimo recuerdo dejado por la actitud del exministro ha cobrado más actualidad que nunca, sobre todo tras conocerse el tráfico de datos confidenciales que, para algunos expertos, es aún mucho más grave que el haber ejercido a favor de empresas.
Todo este asunto tiene una clara vertiente que afecta a medios de comunicación y, en general, al sector de la comunicación. No se trata tan sólo de que periodistas ‘críticos’ fueran inspeccionados en diversas ocasiones o que el cambio sobre las sociedades unipersonales se cebara en el mundo del periodismo.
Es que alguno de los protagonistas señalado por participación en dicha trama se había ubicado en ámbito de los asuntos públicos, como es el caso de Miguel Ferre, vinculado a Kreab. La agencia no es la única que, a día de hoy, tiene un serio problema reputacional por la imputación de Ferre.
Aunque algo diferente, la onda expansiva también ha llegado a Ábside Media, editora de Trece y COPE, en cuyos pasillos estos días se recordaba que su ‘dircom’, Jacobo Menéndez, es el hijo de Santiago Menéndez, también imputado y exdirector de la Agencia Tributaria. Precisamente, ‘El Mundo’ publicó días atrás correos electrónicos de Menéndez en los que aparece como filtrador de datos confidenciales relacionados con las declaraciones fiscales de diversas personalidades.
Pero no son los únicos. Porque hay muchas cuentas pendientes en este asunto y mucha tensión. La posibilidad de que ciertas personas vinculadas al Ejecutivo de Mariano Rajoy puedan verse salpicadas es una realidad. Sobre todo porque Montoro era considerado el ‘niño bonito’, el ‘brazo ejecutor’ del sorayismo, y por eso no ha cogido de sorpresa el hecho de que diversos nombres del PP o cercanos considerados críticos con la vicepresidenta fueran objeto de inspecciones fiscales.
En este lío, todavía quedan muchas cuerdas por atar. La vertiente mediática, por supuesto, ya que en los momentos de Montoro como ministro hubo quienes señalaron que las comparecencias del mismo para anunciar subidas de impuestos, con risas y gestos burlones, eran impresentables. Otros alertaron de que Montoro dañaba la imagen del Gobierno y situaba a los medios en su contra con una cruzada contra sus representantes en un momento crítico para Rajoy.
Lo curioso es que las trapisondas de Montoro con Equipo Económico ya eran conocidas desde antes de que Rajoy llegara a la Moncloa. Pero el ínclito -cuyo hermano sociólogo, Ricardo, también mojante en la salsa de su lobby, facturaba unas encuestas ditirámbicas a la Intereconomía del futuro moroso Julio Ariza en las que el PP poco menos que llegaba a la mayoría absoluta en 2008-, siempre gozó de la protección más absoluta.
Ya es curioso que denunciantes de las mismas se encontraran, posteriormente, con diversas inspecciones fiscales. Son los mismos que hoy, entre otros, siguen con el cuchillo en los dientes los pasos de un juzgado de Tarragona y echan un ojo sobre ciertas protectoras del imputado y su banda que andan parapetadas en la ‘fontanería’ de una conocida agencia o en bufetes de postín. Alguno lo ha expresado con claridad estos días en confianza: “Si entra en la cárcel, le enviaré una postal”.
Esto no ha hecho más que empezar.
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