La Ley de Residuos aprobada en 2022 estableció un plazo de tres años para que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes adaptasen su gestión de los residuos a los objetivos de reciclaje establecidos por la Unión Europea. Ese plazo vence este mes de diciembre, por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado un recordatorio: “En 2025, los ayuntamientos que aún no solicitan la tasa de basuras requerida para cumplir con los objetivos europeos sobre reciclaje deberán hacerlo de manera obligatoria”.
La tasa de basuras sufraga la recogida, el transporte y el tratamiento de residuos sólidos urbanos, de acuerdo con el principio de “quien contamina paga”. Pero su implantación ha generado polémica en varios municipios.
Algunas organizaciones ciudadanas argumentan que la normativa llega en un contexto de crisis económica y describen la medida como injusta para hogares con menos recursos. Incluso, promueven que los ciudadanos soliciten la devolución de la tasa, al considerar que no fue suficientemente explicada o debatida antes de su aprobación. Pero, llegados a este punto, toca conocer de qué se trata, para quienes todavía no se han familiarizado con ella.
¿Qué objetivos tiene la Ley de Residuos?
Esta ley transpuso en España una directiva europea de 2018 para cumplir con los nuevos objetivos establecidos en la normativa comunitaria e impulsar la economía circular en España. La meta fundamentales aumentar la circularidad de los residuos.
Para ello, la norma introdujo la obligatoriedad de recoger de forma separada nuevas fracciones de residuos como los biorresiduos, los textiles, los residuos domésticos peligrosos, los aceites de cocina usados y los residuos voluminosos para su posterior tratamiento diferenciado. Este nuevo marco se completó con la introducción de un calendario de implantación de recogidas separadas de residuos y medidas para minimizar la utilización de los plásticos de un solo uso.
Además, persigue reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de residuos sobre la salud humana y el medioambiente, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio marino. Se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente los relativos a producción y consumo sostenibles, acción por el clima y vida submarina.
¿Por qué se establece una nueva tasa de gestión de residuos?
La directiva europea de 2018 exigía a los Estados miembro alcanzar el 55% de la reutilización y reciclaje de residuos municipales para 2025, un porcentaje que deberá llegar al 60% en 2030 y al 65% en 2035.
Por lograr este objetivo, la ley española estableció que los municipios de más de 5.000 habitantes debían aplicar un tributo que cubriese los costes de la recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, y debían hacerlo en un plazo de tres años. Este plazo expiró en abril de 2025.
Tasa de residuos: ¿cuánto se paga, cómo y cuándo?
Cada municipio puede implementar este tributo según sus propios criterios, por lo que son los propios ayuntamientos los que determinan cómo calcular la cuantía de la tasa. En todo caso, la tasa deberá reflejar el coste real del servicio, incluyendo no solo la recogida y tratamiento, sino también la vigilancia de las operaciones, el gasto en mantenimiento o las campañas de concienciación y comunicación en la materia.
La ley también contempla que los ayuntamientos puedan adaptar la tasa a las características de su población con herramientas como reducciones para personas o familias vulnerables o incentivos para la recogida separada de residuos en viviendas de alquiler vacacional.
Para confirmar cuánto, a través de qué vías (transferencia, en efectivo o con domiciliación) y cuándo se paga esta tasa, se recomienda acudir a la oficina municipal o acceder a la página web del ayuntamiento que corresponda.
Obligaciones de la Ley de Residuos para las empresas
Además de los ayuntamientos, también han debido adaptarse a la Ley de Residuos las empresas que, desde la entrada en vigor de esta norma en el año 2022, tienen la obligación de minimizar el uso de plásticos de un solo uso. Con esta meta siempre presente, la ley estableció medidas como:
-La prohibición de vender productos de plástico, como cubiertos, platos o pajitas.
-El cobro a los clientes de una cantidad por cada producto de plástico no reutilizable que se entregue, especificando este coste adicional. En el caso de los restaurantes, se debe ofrecer a los clientes agua no envasada de forma gratuita.
-La ampliación de la responsabilidad del productor al tratamiento completo de los residuos, para garantizar que los productores asumen la responsabilidad de la gestión de residuos.
-La creación de nuevos gravámenes como el impuesto al plástico, que grava el uso de envases de plástico no reutilizables, o el impuesto al depósito e incineración de residuos en vertederos.
Estas medidas se complementan con el fomento del diseño de productos más duraderos, reparables y reciclables, evitando la obsolescencia prematura y fomentando la reutilización. Asimismo, se incluyen medidas de información a los consumidores sobre la reparabilidad y el impacto ambiental de determinados productos.
El papel de la Ley de Residuos en la lucha contra el cambio climático
La Ley de Residuos establece un marco general para mejorar la gestión de los residuos y reducir su impacto ambiental, lo que supone una importante contribución en la lucha contra el cambio climático. Con medidas como la recogida separada, la prevención del uso de plásticos y la aplicación del principio “quien contamina paga”, se busca avanzar hacia una economía más eficiente en el uso de recursos y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los residuos, que se estiman en un 4% del total.
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