La reunión que ha mantenido este 9 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca con directivos de las principales petroleras del mundo para debatir las futuras operaciones en Venezuela bajo tutela estadounidense tras la detención de Nicolás Maduro, está dando mucho de qué hablar, sobre todo, en los predios diplomáticos. Trump ha pedido una inversión conjunta de hasta 100.000 millones de dólares para reflotar y controlar el crudo venezolano, y el consejero delegado de Repsol y expresidente del PNV, Josu Jon Imaz, lo ha respaldado abiertamente.
“Estamos listos para invertir más en Venezuela, hoy producimos 45.000 barriles diarios, en total, y estamos listos para triplicar esta cifra en los próximos tres años, invirtiendo con fuerza en el país”, afirmó Imaz, antes de agradecer al presidente estadounidense “por abrir la puerta a una Venezuela mejor” y subrayar el compromiso de la compañía con la estabilidad del sistema eléctrico venezolano, en parte garantizado por el gas que Repsol produce junto a su socio Eni.
Imaz aprovechó para recordar que, aunque Repsol es una empresa española, ha invertido 21.000 millones de dólares en la industria de petróleo y gas de Estados Unidos en los últimos quince años —con presencia en Pensilvania, Golfo de México, Texas y Alaska—, un mensaje claro de lealtad regulatoria dirigido a la Administración Trump. Pero en el caso Venezuela, el recorrido de las petroleras no será el único elemento a valorar, el presidente estadounidense ha sido claro: la Casa Blanca decidirá qué compañías podrán operar sobre las reservas de crudo venezolanas y en qué condiciones.
Trump ha insistido en que las petroleras “están tratando con nosotros directamente, no con Venezuela”, y vinculó la estrategia a un objetivo doble: contener los precios del petróleo y reforzar la seguridad energética estadounidense, para evitar que sean China o Rusia quienes capitalicen la reapertura del sector venezolano. Para España, esta escena en el Salón Este de la Casa Blanca abre un escenario complejo de derechos y deberes, tanto en clave regulatoria como reputacional.
Por un lado, la posible triplicación de la producción de Repsol en Venezuela supone oportunidades económicas, una mayor generación de caja y un refuerzo del peso de una multinacional española en el mapa energético global, pero también obliga al Gobierno de Sánchez a gestionar una presencia empresarial en un país que experimentará en los próximos años inestabilidad política bajo la previsible tutela estadounidense, con los riesgo políticos que ello conlleva.
A la diplomacia española le tocará equilibrar tres frentes: la defensa de los intereses legítimos de Repsol y de su derecho a operar en condiciones de seguridad jurídica, el respeto al derecho internacional y a la soberanía venezolana, y la coherencia con los compromisos de España en materia de democracia, derechos humanos y transición energética, en un momento en que la opinión pública escruta con lupa las relaciones con Caracas.
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