Durante años, la acción social empresarial ha estado ligada principalmente a donaciones, voluntariado o iniciativas de reputación corporativa. Pero ese modelo ya no basta. La presión sobre la legitimidad empresarial, el impacto social de las compañías y la exigencia de resultados medibles están empujando a muchas organizaciones a incorporar la acción social dentro de sus decisiones estratégicas y de su relación con las administraciones públicas.
La conversación ya no gira únicamente alrededor de la responsabilidad corporativa, sino sobre cómo las empresas utilizan el impacto social para fortalecer competitividad, mejorar interlocución institucional y participar en proyectos público-privados vinculados a empleo, inclusión, sostenibilidad o cohesión territorial. La acción social empieza a convertirse también en un lenguaje compartido entre compañías y sector público.
PRNoticias conversa con Mónica Gil-Casares, Directora de Investigación, Impacto Social y Consultoría de CODESPA y el Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo, sobre esta transformación y cómo el impacto social empieza a ganar peso dentro de los Asuntos Públicos y la estrategia empresarial.
¿Cómo puede el impacto social apoyar la relación entre las empresas y las administraciones públicas?
El impacto social puede convertirse en un objetivo común que alinee los intereses públicos y privados y contribuya a una economía más inclusiva y sostenible. Los objetivos de las administraciones públicas como la promoción del empleo digno, la transición ecológica, la reducción de la brecha digital o la cohesión territorial pueden coincidir con los de las empresas y traducirse en oportunidades estratégicas compartidas.
En este contexto, el impacto social actúa como un lenguaje común que facilita el diálogo y la generación de confianza entre ambos actores. Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario definir de forma clara qué entendemos por impacto social, qué indicadores se utilizan y qué resultados se quieren alcanzar de forma compartida.
Cuando el impacto social se define y se mide de forma colaborativa entre los distintos actores implicados, se fortalece la confianza, se facilita la co-creación de soluciones y se impulsa una mayor innovación en políticas públicas. Esto suele traducirse en intervenciones más eficaces y con mayor impacto en la sociedad.
En definitiva, el impacto social puede transformar la relación entre empresa y administración en una alianza estratégica basada en resultados compartidos, más allá del cumplimiento normativo o de los incentivos fiscales, orientada a la generación de valor económico y social medible.
¿Qué datos de impacto social son más útiles en el diálogo con reguladores?
Esta cuestión es clave porque permite pasar de la narrativa a la evidencia. Sin datos, el impacto se queda en intención; con datos, se convierte en estrategia.
Es importante diferenciar entre indicadores de actividad u outputs (lo que se ha hecho) e indicadores de resultados u outcomes (los cambios generados). Los primeros miden actividades como el número de talleres realizados o infraestructuras creadas. Los segundos permiten conocer el impacto real en la vida de las personas, como la mejora del empleo, el acceso a servicios básicos o la reducción de desigualdades.
Además, es relevante incorporar métricas relacionadas con la eficiencia del impacto, como el ahorro para el sistema público, el coste-efectividad de las intervenciones o el retorno social de la inversión (SROI). En este sentido, herramientas como los bonos de impacto social son un ejemplo de colaboración público-privada.
Los datos más útiles para el diálogo con los reguladores son aquellos vinculados a resultados medibles en la mejora de la calidad de vida, alineados con las prioridades públicas y con la eficiencia en el uso de recursos. Es decir, datos que permitan saber qué se ha conseguido, qué funciona y a qué coste.
¿Cómo influye la acción social en la participación en proyectos público-privados?
Como se detalla en el IX informe “Acción social empresarial. Estrategias con impacto en la comunidad” del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo, la acción social empresarial no solo tiene un impacto positivo en la sociedad, sino que también genera beneficios para las empresas. Mejora la reputación corporativa, refuerza su papel como “ciudadano corporativo” y facilita el acceso a licitaciones públicas y a financiación vinculada a la inversión de impacto.
Además, en muchos casos, la acción social se convierte en una herramienta de gestión de riesgos y en una palanca para impulsar proyectos o alianzas con la administración pública orientadas a resolver retos sociales como la inclusión, el empleo, la educación o la vivienda.
Existen numerosos ejemplos de colaboración público-privada, como los convenios entre empresas como Sqrups! o Mahou San Miguel con administraciones locales para la formación y contratación de colectivos vulnerables; las alianzas público-privadas impulsadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en países como Etiopía, Perú o Mozambique; o los programas de escuelas municipales del Ayuntamiento de Madrid, en los que empresas de distintos sectores colaboran en el diseño de itinerarios formativos e inserción laboral.
¿Cómo puede la acción social empresarial generar beneficios reales y medibles para la sociedad?
La acción social es una estrategia de valor compartido. Es decir, que genera beneficios tanto para la empresa como para la sociedad.
Lo que compartimos en la publicación como una de las claves es que cuando las empresas pasan de la acción social como filantropía aislada a un enfoque más estratégico conectado con la actividad del negocio, se generan beneficios sostenibles en el tiempo.
En este sentido, las empresas suelen combinar dos enfoques complementarios. Por un lado, la acción social responde a la responsabilidad corporativa hacia el entorno, aportando apoyo a necesidades sociales inmediatas o emergentes. La filantropía empresarial sigue siendo clave como complemento a la acción pública, especialmente en contextos de crisis como la pandemia, la DANA en Valencia o, a escala internacional, como en Ucrania o Gaza.
Por otro lado, cuando la acción social se vincula al propósito corporativo, al know-how y a la estrategia de negocio, resulta más fácil generar valor compartido y un impacto sostenible en el tiempo. Conectar la acción social con los retos de negocio permite abordar los riesgos y diseñar proyectos a partir de necesidades reales del territorio y de la empresa, e integrar de manera efectiva, el conocimiento y las capacidades clave de las empresas. Esto permite desarrollar relaciones estratégicas con las empresas y lograr un impacto más consistente y relevante para los retos sociales de la comunidad.
¿De qué forma la colaboración entre empresas y sector público mejora la respuesta a necesidades sociales concretas?
Para responder eficazmente a las necesidades sociales de un territorio es clave partir de un conocimiento profundo del contexto: qué necesidades existen, cuáles son sus causas estructurales y qué actores actúan en ese territorio.
La respuesta más efectiva surge cuando se integra a todo el ecosistema de actores en esa zona y se logra que aporten su conocimiento y expertise concretos: administraciones públicas, ONG, fundaciones comunitarias, mundo académico, agentes de la economía social y asociaciones sindicales, entre otros.
La colaboración público-privada mejora la respuesta social porque combina capacidades complementarias: Las ONG aportan cercanía a la población y conocimiento de sus necesidades; La administración aporta legitimidad, escala y recursos; La empresa contribuye con innovación, tecnología y capacidad de ejecución.
Aunque la colaboración no siempre es sencilla, cuando se articula adecuadamente, permite desarrollar soluciones más efectivas, sostenibles y con mayor impacto. Medir el impacto no es solo una exigencia externa, sino una oportunidad para tomar mejores decisiones, generar valor a largo plazo y fortalecer la resiliencia y competitividad de las organizaciones.
La medición permite comprender cómo las decisiones afectan a los distintos grupos de interés (empleados, clientes o sociedad), y qué efectos generan los programas o servicios en sus destinatarios. Es la base para aprender qué funciona, qué debe mejorarse y qué debe dejar de hacerse.
Cuando esta medición se diseña de forma colaborativa entre empresas y administraciones públicas, definiendo conjuntamente el propósito, los datos relevantes y las decisiones a tomar, se refuerza el diálogo entre actores y se mejora la eficacia de las intervenciones. Porque medir no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para gestionar mejor y generar más impacto.
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