El auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado ha abierto un nuevo frente político y judicial, que amenaza con extenderse mucho más allá del propio procedimiento pero, en realidad, es un balón de oxígeno para el PSOE. Es en este mismo momento que el Consejo General del Poder Judicial está valorando la imposición de una sanción por falta grave al magistrado. Su aparente torpeza ha desplazado la polémica desde el tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, a la tinta de calamar del lawfare.
El punto más controvertido se encuentra en el razonamiento empleado para sustentar la retirada cautelar del pasaporte de Begoña Gómez. En su auto, Peinado sostiene que el hecho de que la investigada sea la esposa del presidente del Gobierno no elimina el riesgo de fuga, llegando a plantear que los propios agentes encargados de su protección podrían, por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores, colaborar en una eventual fuga. Esta argumentación parece haber dejado botando la pelota para que desde el PSOE le claven a la opinión pública el gol del victimismo.
Desde el socialismo y el entorno gubernamental se interpreta este episodio como una nueva muestra de una evidente persecución política. La tesis defendida desde Moncloa sostiene que el objetivo último no sería únicamente Begoña Gómez, sino el propio proyecto político socialista. En este contexto, la petición de actuación dirigida al CGPJ y a su presidenta, Isabel Perelló, encierra un intento de obtener una desautorización institucional del magistrado que refuerce ese relato.
Esta ayuda llega, además, en un momento especialmente crudo para el Gobierno, que en las últimas semanas acumula dificultades judiciales y políticas. Los recientes casos de Zapatero y la fontanera Leire, que no sólo afectan a ellos sino a múltiples figuras del entorno socialista, han contribuido a un desgaste creciente que la opinión pública encuentra cada vez más difícil de contener.
Por si no había poco bombero, han llegado las mangueras de los sindicatos policiales que han reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una defensa pública de sus miembros ante las insinuaciones contenidas en el auto. Sin embargo, desde aquí queremos recordar que ya existen precedentes en los que miembros de cuerpos policiales han sido imputados por abuso de sus funciones públicas en la colaboración de la fuga de responsables políticos como, por ejemplo, el caso de Puigdemont
José Antonio RULFO.
