La llegada a España de firmas, eventos y plataformas internacionales especializadas en Public Affairs habla por sí sola del crecimiento del sector en el país. El caso de FIPRA, que desembarca a través de la firma especializada en lobby y comunicación estratégica Cariotipo, no es aislado. Congresos internacionales como el Public Affairs Summit, celebrado por primera vez en Madrid el pasado mes de mayo, o el aterrizaje de Advocacy Academy, plataforma online de formación en Asuntos Públicos de Europa, son señales de una expansión a distintos niveles.
¿Estamos viviendo el momento de mayor crecimiento de los Asuntos Públicos en España? ¿Qué o quiénes lo impulsan? ¿Está España preparada para este crecimiento? Desde PRNoticias conversamos con Pepe Fernández-Rúa, socio director de Cariotipo, para analizar las fuerzas que están impulsando la expansión del sector y los desafíos que España tiene pendientes, un debate que afecta cada vez a más empresas, asociaciones, organizaciones y, en definitiva, a la sociedad.
¿Estamos viviendo el momento de mayor crecimiento de los Asuntos Públicos en España?
Sin duda. Hace una década empezamos a observar que el sector estaba experimentando un desarrollo importante, pero en los últimos años se ha intensificado mucho. Se trata de algo natural: la actividad de lobby es más frecuente y profesionalizada en democracias consolidadas, como es el caso de España.
Y esto es algo que ya comienza a ser visible para toda la sociedad. Cada vez hay más consultoras dedicadas a esta actividad y cada vez más empresas ven el valor que aporta tener departamentos especializados en este ámbito.
Uno de los indicadores más representativos de esta realidad es el reconocimiento de la Real Academia Española del término lobby como “actividad”. En la actualización de 2024 del Diccionario de la Lengua Española, se incluyó esta acepción y, además, la palabra “lobista” como la “persona que se dedica a hacer lobby”. Para todos aquellos que nos dedicamos a esta actividad, este fue un avance de grandes proporciones.
¿Qué está impulsando realmente esta expansión: Bruselas, la geopolítica o la hiperregulación?
Creo que hubo un punto de inflexión importante con la pandemia. El plan Next Generation y los paquetes de reformas que se pusieron en marcha, despertaron a muchas empresas que, hasta la fecha, no tenían cultura de interacción con la Administración Pública, al menos a nivel político.
Por otra parte, el conflicto de Ucrania y la presión ejercida por Estados Unidos está provocando un efecto similar: la necesidad de adaptarse al entorno geopolítico obliga a llevar a cabo reformas normativas, y esto afecta cada vez a más sectores y empresas.
En cualquier caso, creo que estos elementos han acelerado un fenómeno que ya se estaba dando de forma natural, como he dicho antes, asociado a la consolidación de la democracia española.
¿Por qué cada vez más empresas están creando departamentos propios de Asuntos Públicos?
Porque la gestión del entorno regulatorio es una variable crítica de negocio, y cada vez más empresas lo entienden. Tradicionalmente, la relación institucional estaba asociada prácticamente de manera exclusiva a la reputación corporativa. Las relaciones con la Administración se delegaban en patronales o asociaciones y, por si algún motivo se decidía actuar a nivel legislativo, se recurría al departamento legal de manera totalmente reactiva.
Hoy, las entidades necesitan una aproximación proactiva y preventiva. Contar con equipos internos especializados permite entender qué está ocurriendo y cómo puede actuar la organización para formar parte de la toma de decisiones política. Es por eso por lo que no solo se están creando departamentos propios, si no que estos cuentan con una figura presente en el comité de dirección e, incluso, dependen directamente del CEO.
¿Qué sectores serán los que más demanden estos perfiles en los próximos cinco años?
Los perfiles de asuntos públicos e inteligencia regulatoria serán fuertemente demandados por los sectores que afronten transiciones más complejas. El sector salud y ‘life sciences’ seguirá estando a la vanguardia, debido a la innovación constante y los retos de acceso al mercado. Algo parecido ocurre con el sector agroalimentario y de gran consumo que, a pesar de tener menos tradición, es uno de los que más se ha desarrollado en el ámbito del lobby en los últimos años.
Dadas las tensiones geopolíticas, el sector de la defensa está llamado a ser el próximo en profesionalizarse. Pero no solo la defensa tradicional, sino también la relativa a amenazas no convencionales o híbridas, como la ciberdefensa. Y con ello todas las tecnologías asociadas, especialmente el uso de la IA.
Por último, cualquier sector que tenga impacto medioambiental debe contar, como mínimo, con capacidad de anticipación. Y esto es, básicamente, la totalidad del tejido productivo.
¿La llegada de redes internacionales como FIPRA es una señal de madurez del mercado español?
Absolutamente. Tras el Brexit y la salida de Reino Unido de la UE, España se ha consolidado como la cuarta mayor economía de la Unión Europea y ha aumentado su representatividad en las estrategias europeas de Asuntos Públicos.
La reciente formalización de Cariotipo como socio de FIPRA en España es un reflejo claro del peso de nuestro país en el ámbito del lobby y los asuntos públicos y remarca la posición de nuestra consultora como referente del sector en nuestro país.
Las empresas españolas necesitan capilaridad e influencia en Bruselas y en otros mercados internacionales, mientras que las corporaciones globales demandan en España un asesoramiento local con un profundo conocimiento técnico de nuestro complejo mapa regulatorio.
¿Existe suficiente talento especializado para responder a esta demanda creciente?
Este sigue siendo uno de los grandes retos del sector, ya que la demanda de actividad de lobby ha crecido más rápido que la propia formación académica. El talento especializado se hace más necesario que nunca en la era de la IA, en la que el conocimiento técnico y la visión estratégica que aporta el lobista será su principal valor y factor diferenciador.
La formación es la base sobre la que se asienta la verdadera profesionalización del sector. Sin embargo, tal y como explicamos en nuestra publicación El Manual del Buen Lobista, los estudiantes no cuentan en la actualidad con una guía clara que les permita orientar su carrera profesional hacia la actividad del lobby. Esto aplica tanto al desarrollo metodológico como a los estándares éticos.
Mientras esperamos que en el futuro las facultades puedan contar con asignaturas concretas en esta materia, diferentes agentes del sector estamos impulsando iniciativas que contribuyen a la formación de nuevos lobistas de manera profesionalizada.
Cariotipo apuesta por la universidad pública y es por eso que, en 2025, decidimos poner en marcha una microcredencial especializada junto a la Universidad de Alcalá. El objetivo es trasladar de forma práctica nuestras tres décadas de conocimiento a aquellos profesionales que quieren formarse en este ámbito.
¿Puede España convertirse en un hub de asuntos públicos para el sur de Europa?
El verdadero hub y epicentro de los Asuntos Públicos en Europa ha sido y es Bruselas. Esto no excluye el hecho de que cada país, por sus características y complejidad en la toma de decisiones, requiera contar con un equipo especializado que aporte expertise local a las organizaciones.
En España estamos todavía en una fase de consolidación. Afortunadamente, el lobby está empezando a entenderse y a normalizarse socialmente como una actividad independiente, rigurosa, transparente y profesional. Sin embargo, aún queda camino por recorrer. En ocasiones sigue habiendo confusión, lo que demuestra que aún no se entiende bien qué es esta actividad.
La clave para acabar con el estigma que todavía hoy sobrevuela sobre la profesión no está únicamente en apostar por un marco normativo que regule (y no de cualquier forma) el qué, quién, cómo y a quién se trata de influir. Como he dicho antes, es vital desarrollar una oferta formativa sólida en las universidades, que explique el significado de hacer lobby y cómo su ejercicio contribuye a preservar la calidad de nuestro sistema democrático.
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