La publicación en paralelo de varios sondeos sobre la percepción ciudadana del denominado lawfare ha abierto un nuevo frente en el debate mediático. En los últimos días, se ha dado la coincidencia que El País y La Vanguardia han situado en sus portadas encuestas que apuntan a una creciente desconfianza en la independencia judicial, alimentando una narrativa que ya ha saltado al terreno político.
El sondeo de 40dB para El País señala que más del 65% de los españoles considera que existe lawfare, entendido como el uso de la justicia con fines políticos. En una línea similar, una encuesta de Ipsos publicada por La Vanguardia refleja que cerca del 60% de los ciudadanos cree que hay jueces que actúan con motivaciones políticas.
Aunque los estudios no son idénticos en metodología ni en formulación de preguntas, ambos coinciden en un diagnóstico: la percepción de politización de la justicia ha ganado peso en la opinión pública. Este enfoque, además, ha sido utilizado por el Gobierno para reforzar su discurso sobre la necesidad de reformas en el ámbito judicial.
Sospechosa coincidencia
La coincidencia temporal y el tratamiento informativo han despertado críticas desde otros sectores mediáticos y políticos. Algunas voces cuestionan que estos sondeos contribuyan a consolidar una narrativa que pone en duda la independencia judicial, mientras que otras advierten sobre la complejidad del propio concepto de lawfare, todavía poco conocido entre la ciudadanía.
La controversia no responde tanto al titular en sí, sino más bien a coincidencia de mensajes demoscópicos en cabeceras de referencia que contribuyen a reforzar un clima de opinión determinado. Sea como fuere, esta coincidencia evidencia hasta qué punto la demoscopia se ha convertido en el centro de la agenda mediática y política en un momento de polarización y crispación extendida.
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