La comparecencia de María Pérez-Hickman en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes dejó una imagen clara: el silencio como estrategia de defensa. La funcionaria, investigada por su presunta implicación en la adjudicación irregular de viviendas protegidas en Alicante, evitó responder a todas las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios, escudándose en su derecho a no declarar para no perjudicar su situación judicial.
Durante varios minutos, Pérez-Hickman permaneció impertérrita ante un aluvión de cuestiones relacionadas con el acceso de dos de sus hijos y un sobrino a viviendas públicas en el residencial Les Naus, adquiridas a un precio muy inferior al de mercado. Su negativa a contestar marcó el tono de la sesión, en la que la mayoría de los grupos intentaron esclarecer posibles casos de trato de favor, uso de información privilegiada o conflictos de interés.
El silencio no fue improvisado. Acompañada por su abogado, la funcionaria leyó una breve declaración final en la que expresó respeto institucional, pero insistió en que cualquier explicación podría perjudicar su defensa en el procedimiento judicial en curso. De este modo, evitó pronunciarse sobre cuestiones clave como su posible conocimiento previo del proceso o su intervención en el expediente.
La actitud de Pérez-Hickman contrastó con la insistencia del resto de grupos parlamentarios, que formularon preguntas directas sobre la coincidencia de varios familiares entre los adjudicatarios de una promoción pública especialmente codiciada. Mientras tanto, el Partido Popular optó por un tono más moderado, centrando sus intervenciones en aspectos técnicos del procedimiento y evitando profundizar en la actuación personal de la funcionaria.
Este mutismo ha reforzado la tensión política en torno al caso de las viviendas de Les Naus, que ya suma múltiples investigados y sospechas de irregularidades en la gestión de suelo público. La falta de explicaciones por parte de una de las principales figuras señaladas deja abiertas muchas incógnitas y alimenta la percepción de opacidad en un asunto que ha generado una fuerte indignación social en plena crisis de acceso a la vivienda.
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