El Gobierno ha aprobado este martes 25 de agosto, un Real Decreto-ley para regular la actividad de los grupos de interés o lobbies en España, una medida que pretende establecer por primera vez un marco estatal específico para identificar y transparentar las actividades de quienes tratan de influir en las decisiones de los poderes públicos. La medida ha sido valorada positivamente por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que la considera un paso más hacia la aprobación de una regulación específica del lobby en España y una mayor transparencia y profesionalización de esta actividad.
La decisión llega después de que el Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, aprobado por el Gobierno y remitido al Congreso en enero de 2025, permaneciera bloqueado durante más de un año en su tramitación parlamentaria. Ante esta situación, el Ejecutivo ha optado por adelantar mediante decreto-ley parte de la regulación.
“España necesita reglas claras que aporten transparencia, seguridad jurídica y confianza a la interlocución entre la sociedad civil y los poderes públicos. Llevamos más de quince años defendiendo la necesidad de regular nuestra actividad. Lo conocido hasta ahora supone un paso muy importante para la profesión y nos acerca a la aprobación definitiva de la regulación”, señala Carlos Parry, presidente de APRI.
Un registro público y obligatorio
El elemento central de la nueva regulación es la creación de un registro estatal, público y obligatorio de grupos de interés. En él deberán inscribirse las personas y organizaciones que desarrollen actividades dirigidas a influir en las decisiones de las Administraciones públicas.
La regulación pretende dotar de mayor transparencia a las relaciones entre los lobbies y los responsables públicos, estableciendo un marco para sus contactos con altos cargos, miembros de gabinetes y empleados del sector público. A su vez, pretende que pueda conocerse quién intenta influir en las decisiones públicas y dentro de qué marco se producen esas actividades.
APRI indica que el siguiente paso debe ser conocer y estudiar el articulado definitivo. Si el texto confirma los principios y estándares que la profesión viene reclamando —transparencia, independencia en la supervisión, publicidad de agendas, trazabilidad, seguridad jurídica y un régimen efectivo de responsabilidades—, la Asociación apelará a todas las fuerzas políticas para que respalden su convalidación y contribuyan a dotar a España de una regulación estable y con el mayor consenso posible.
“La regulación de los grupos de interés no es una cuestión partidista ni debe depender de quién gobierne en cada momento. Es una cuestión de calidad democrática. Si el texto definitivo responde a los estándares que llevamos años defendiendo, pediremos a las fuerzas políticas que contribuyan a su convalidación y a dotar a España de un marco estable, exigente y duradero”, subraya Parry.
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